El caos de las motos eléctricas de alquiler aparcadas sobre las aceras de València toca a su fin, al menos sobre el papel. El Ayuntamiento de la ciudad prepara la regulación definitiva del motosharing para activarla a la vuelta del verano, después de más de un año de retrasos y con cuatro operadores circulando por la ciudad sin un marco legal claro.
Quien pasee estos días por el centro de la capital del Turia no tardará en tropezar con una moto eléctrica mal estacionada, bloqueando una rampa de accesibilidad o invadiendo la acera. Esta estampa, más frecuente que nunca en el verano de 2026, resume bien la ausencia de control que ha caracterizado hasta ahora al sector del motosharing en la ciudad.
El departamento municipal de movilidad, que dirige Jesús Carbonell, tiene previsto iniciar el proceso administrativo para la concesión de autorizaciones en septiembre. La normativa establecerá un tope máximo de vehículos para evitar la saturación del espacio público y contemplará un sistema de concurrencia competitiva si el número de solicitudes supera las plazas disponibles.
No es la primera vez que el Ayuntamiento intenta poner orden en este sector. Durante el mandato de Joan Ribó, la Concejalía de Movilidad llegó a diseñar un marco regulatorio que fijaba un límite de 2.000 motos en toda la ciudad y un máximo de 130 por operador. El sector rechazó de plano esas cifras al considerarlas inviables para mantener un negocio rentable, y la regulación acabó sin materializarse.
Ahora, con el actual gobierno, se espera que el techo sea superior a esas 2.000 motocicletas, aunque el consistorio no ha concretado cifra alguna. Tampoco se conoce cuántas unidades podrá gestionar cada empresa.
En la actualidad operan en la ciudad cuatro compañías: Yego, Acciona, Cooltra y Cabify, la última en incorporarse al mercado valenciano. Todas ellas abonan una tasa de unos 80 euros anuales por vehículo en concepto de ocupación del espacio público, pero siguen sin contar con una autorización demanial definitiva.
La regulación del motosharing se suma así a la lista de asuntos que el gobierno de María José Català ha dejado para el tramo final de la legislatura. Septiembre dirá si esta vez la normativa llega de verdad o se convierte en otra promesa pendiente.
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