El Gobierno regional ha publicado el borrador de un decreto para regular las plantas de biogás y biometano en Castilla-La Mancha. Aunque reconoce a los municipios la capacidad de rechazar estas instalaciones, incluye una excepción que preocupa especialmente en la provincia de Toledo.
La norma establece que la Junta podrá declarar prioritarios aquellos proyectos ubicados en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, algo que afecta aproximadamente al 46% de la superficie regional. En esos casos, la negativa del ayuntamiento no sería definitiva y la decisión recaería sobre el Gobierno autonómico.
De las ocho plantas ya declaradas proyectos prioritarios en toda la región, cuatro están en municipios toledanos: Noez, Gálvez, Madridejos y Mascaraque. Pero el alcance de esta excepción puede ser mucho mayor. Según el análisis de la plataforma Stop Ganadería Industrial de Castilla-La Mancha, hasta 50 de los 70 proyectos actualmente en tramitación, el 71% del total, podrían quedar bajo este paraguas.
La regulación llega después de que la Junta retirara en junio su Plan de Biometanización, que acumuló más de 15.000 alegaciones de vecinos, organizaciones y ayuntamientos. El rechazo ciudadano a estas instalaciones se ha intensificado en los últimos años, con quejas por los olores, el aumento de camiones en carreteras locales y el impacto sobre el agua y el paisaje.
El borrador fija una distancia mínima de dos kilómetros entre las plantas y el suelo urbano o urbanizable de uso residencial. Si la instalación trata cadáveres de animales, esa distancia se amplía a cuatro kilómetros. Las empresas también deberán presentar estudios de dispersión de olores y garantizar que no se superen determinados umbrales en los límites urbanos.
Los camiones que transporten residuos no podrán circular por los núcleos urbanos de los municipios, salvo excepciones justificadas. Las naves de tratamiento tendrán que funcionar en condiciones especiales y el digestato resultante del proceso deberá incorporarse al suelo en menos de 24 horas cuando se use como fertilizante.
Los proyectos que ya están en tramitación tendrán un plazo máximo de dos años para adaptarse a las nuevas exigencias. La regulación definitiva será clave para decidir qué futuro tienen decenas de instalaciones proyectadas en una provincia que acumula cada vez más tensión entre promotores y vecinos.
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