Una trama criminal que engañó a 126 empresas de alimentación de toda España, cuatro de ellas alavesas, acaba de recibir su sentencia tras más de una década de proceso judicial. El resultado deja un sabor amargo: quince condenados, pero ninguno pisará la cárcel.
El conocido como «timo del Nazareno» se ejecutó entre enero de 2011 y mayo de 2013. El método era siempre el mismo: un falso comercial contactaba con el departamento de compras de una empresa, solicitaba mercancía y, una vez recibida, desaparecía. El pago nunca llegaba, o lo hacía en forma de talón sin fondos.
Entre las víctimas figuran tres bodegas de Laguardia y una sociedad cárnica de Vitoria-Gasteiz. Las pérdidas conjuntas de estas cuatro empresas rondaron los 23.000 euros, una cantidad menor dentro del millón y medio que la red logró acumular en total, lo que la convierte en una de las diez estafas más cuantiosas registradas en España desde que existen estadísticas.
La Audiencia Nacional ha dictado sentencia este mes de agosto, trece años después de los primeros arrestos. El tribunal reconoce la responsabilidad de los acusados por integración en grupo criminal y estafa agravada, pero las penas impuestas no superan los dos años y un día, el umbral mínimo para el ingreso en prisión. Ninguno entrará entre rejas.
La resolución, además, apunta a que los condenados deberán devolver el dinero obtenido de forma ilícita cuando el fallo sea firme. Sin embargo, todo apunta a que se declararán insolventes, lo que deja a las empresas afectadas sin posibilidad real de recuperar lo perdido.
Las fuentes judiciales consultadas señalan dos factores clave en la levedad de las penas. Por un lado, las dilaciones indebidas acumuladas durante el larguísimo proceso. Por otro, la astucia de la propia red: sus miembros sabían que las víctimas contaban con seguros que cubrían los importes defraudados, y cuidaban de no superar ese límite en cada operación. Los timos oscilaron entre los 204 euros cobrados a una bodega alavesa y los 62.300 de un criadero de aves burgalés.
La trama utilizó cerca de una veintena de empresas fantasma, muchas domiciliadas en pisos particulares o locales vacíos, sin actividad real alguna. La Audiencia Nacional ordena su disolución. Las acusaciones aún pueden recurrir al Tribunal Supremo, por lo que la sentencia no es firme.
Vitoria-Gasteiz y Laguardia figuran así en el mapa de una estafa histórica cuya justicia, después de más de una década, llega incompleta.
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