El sindicato UGT ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía del Tribunal de Instancia contra el inspector jefe de la Policía Local de Maó, Pedro Vives, al que acusa de utilizar vehículos oficiales del cuerpo para fines particulares, entre ellos el traslado de familiares directos.
Según el sindicato, no se trataría de un hecho aislado sino de una práctica repetida a lo largo del tiempo, lo que constituiría un uso indebido de bienes públicos. La denuncia fue firmada por el delegado de UGT en la Policía Local, Manuel Bazán, y trasladada a la Fiscalía el pasado 11 de agosto, aunque previamente, el día 3 del mismo mes, fue puesta en conocimiento del alcalde de Maó, Héctor Pons.
Sin embargo, la reclamación presentada ante el Ayuntamiento fue inadmitida por entender que debía ser formulada por la junta de personal u otra instancia de rango superior. UGT ha respondido con un recurso de reposición contra esa decisión.
Las acusaciones del sindicato no se limitan al uso de vehículos. También apuntan a posibles irregularidades en procesos selectivos y concursos de movilidad de personal. En concreto, UGT impugnó la admisión de tres candidatos que, según el sindicato, no cumplían los requisitos exigidos y que habrían sido aceptados por el propio Pedro Vives en su calidad de presidente del tribunal evaluador. De confirmarse, esta actuación podría constituir un delito de prevaricación y tráfico de influencias.
El Ayuntamiento, por su parte, ha informado de que el proceso de movilidad impugnado se resolvió con la exclusión de dos de los tres candidatos cuestionados, mientras que el tercero obtuvo la plaza. La regidora de Recursos Humanos, Pilar Carrasco, subrayó que la Fiscalía no ha contactado aún con el consistorio y aprovechó para destacar la labor del conjunto de la plantilla policial.
UGT reconoce que no cuenta con mayoría en el cuerpo, pero ha considerado necesario llevar el asunto a la vía judicial para que se determinen las posibles responsabilidades penales o administrativas que pudieran derivarse de los hechos denunciados.
El caso pone el foco sobre la gestión interna de la Policía Local de Maó y abre un periodo de incertidumbre que el Ayuntamiento deberá afrontar en las próximas semanas, a la espera de que la Fiscalía decida si admite la denuncia y abre diligencias de investigación.
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