El Ayuntamiento de Cilleruelo de Abajo ha solicitado formalmente una prórroga de quince días en el plazo de alegaciones abierto para el proyecto de instalación de una planta de biogás en el término municipal. Los vecinos y representantes locales consideran que el tiempo disponible es insuficiente para analizar con rigor la documentación técnica del expediente.
La petición llega en un momento de creciente preocupación entre los habitantes de este pequeño municipio de la comarca burgalesa de la Ribera del Duero, que temen las posibles consecuencias medioambientales y paisajísticas de una infraestructura de estas características en su entorno.
Desde el consistorio argumentan que la complejidad del proyecto exige un análisis detallado que va más allá de lo que permite el plazo ordinario. Los documentos técnicos relacionados con este tipo de instalaciones incluyen estudios de impacto ambiental, informes de emisiones y evaluaciones de riesgo que requieren tiempo y asesoramiento especializado para ser comprendidos correctamente por los afectados.
La planta de biogás, que aprovecha la descomposición de materia orgánica para generar energía, ha despertado opiniones encontradas en la zona. Mientras algunos sectores destacan su potencial como fuente de energía renovable y su contribución a la gestión de residuos agrícolas y ganaderos, otros expresan dudas sobre el impacto en la calidad del aire, los olores y el tráfico de camiones en las carreteras locales.
La solicitud de ampliación del plazo busca garantizar que tanto el Ayuntamiento como los propios vecinos puedan ejercer su derecho a la participación ciudadana de manera informada y efectiva, sin sentirse presionados por unos tiempos que consideran demasiado ajustados.
Está por ver si la administración competente accede a la prórroga solicitada. De concederse, daría un margen adicional a todos los implicados para presentar sus observaciones y, en su caso, sus objeciones al proyecto antes de que continúe su tramitación administrativa.
Cilleruelo de Abajo se suma así a otros municipios rurales de Castilla y León que en los últimos años han levantado la voz ante proyectos energéticos que consideran que deben ser evaluados con mayor detenimiento y transparencia por parte de las instituciones.
