El PSOE municipal ha denunciado públicamente que las víctimas de violencia de género han quedado fuera de los criterios de acceso a las viviendas gestionadas por VIVA, la empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, tras la aprobación de un nuevo protocolo pactado entre PP y Vox.
Los socialistas señalan que el cambio de terminología es clave: el texto aprobado sustituye el concepto «violencia de género» por «violencia machista», lo que deja sin cobertura, entre otras, a mujeres maltratadas que ya no conviven con su agresor.
El portavoz municipal del PSOE, Pedro Herrero, ha exigido al alcalde Jesús Julio Carnero una rectificación inmediata. Según Herrero, el consenso histórico entre los dos grandes partidos en materia de violencia de género «ha saltado por los aires», y ha advertido de que la ley de 2004 obliga a proteger a estas mujeres, algo que a su juicio el actual regidor no está cumpliendo.
El nuevo protocolo fue aprobado por el consejo de administración de VIVA el pasado mes de mayo sin el respaldo del grupo municipal socialista, que había solicitado retirar el texto para analizarlo con más detenimiento. Los socialistas insisten en que la decisión responde a «un seguidismo a Vox» por parte del equipo de gobierno.
Herrero ha ido más lejos y ha vinculado esta medida con la supresión de la Concejalía de Igualdad que Carnero llevó a cabo al inicio de su mandato, considerándola una decisión «tomada a conciencia».
La polémica ha trascendido el ámbito local. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha mostrado su preocupación por lo que califica de «desmantelamiento» de las políticas públicas de igualdad en municipios y comunidades gobernados por PP y Vox. Redondo ha señalado expresamente a Valladolid como un ejemplo de estas «vulneraciones», afirmando que las víctimas de violencia de género han «desaparecido» del listado de beneficiarios prioritarios para el alquiler social.
La ministra también ha extendido sus críticas a Andalucía y a la Comunidad de Madrid, donde denuncia recortes similares en recursos destinados a proteger a las mujeres víctimas de la violencia machista.
Por el momento, el Ayuntamiento de Valladolid no ha emitido respuesta pública a las acusaciones. El debate sobre el alcance real del nuevo protocolo de VIVA y su impacto sobre las mujeres más vulnerables de la ciudad queda abierto, con el PSOE exigiendo una marcha atrás que el equipo de gobierno no ha anunciado.
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