Los residentes de la calle Encarna Albarracín, en el barrio valenciano de Benicalap, siguen sin respuesta oficial mientras las obras de conversión de unos bajos comerciales en un hostel de 22 habitaciones avanzan sin freno. El motivo del retraso no es la complejidad del caso, sino un error de trámite del propio gobierno municipal.
La Asesoría Jurídica Municipal ha devuelto sin estudiar la solicitud que la concejalía de Licencias le remitió esta semana, al comprobar que la consulta llegaba sin la documentación mínima exigida. Faltaban elementos tan básicos como la propuesta formal del Servicio de Licencias, el expediente completo y el informe que la Inspección Municipal elaboró el pasado 17 de agosto. Sin esos documentos, los servicios jurídicos no pueden pronunciarse sobre si el incumplimiento de los estatutos de una comunidad de propietarios obliga al Ayuntamiento a paralizar unas obras que cuentan con título administrativo habilitante.
El expediente ha regresado ahora al servicio gestor para que subsane los errores antes de que pueda retomarse el proceso. Mientras tanto, los vecinos ven cómo la promotora continúa abriendo huecos de fachada que dan directamente a las zonas comunes y al jardín del edificio, algo que, según argumenta la comunidad, sus estatutos prohíben expresamente sin la autorización de los propietarios.
La situación no es exclusiva de esta calle. A escasos metros, en la calle Carlos Cortina, otra comunidad denuncia que las obras de un proyecto de 40 apartamentos turísticos siguen adelante pese a que el Ayuntamiento llegó a denegar formalmente la licencia. Los afectados aseguran que se han realizado perforaciones en el garaje comunitario y que se ha intervenido en la fachada sin ningún permiso.
Desde la oposición, el portavoz municipal del PSPV, Borja Sanjuan, carga contra el equipo de gobierno y afirma que el tropiezo administrativo refleja una falta de voluntad política. En su opinión, el error en la solicitud del informe no es una casualidad, sino que permite que las obras terminen antes de que haya un pronunciamiento jurídico, dejando a los vecinos sin otra salida que los tribunales durante años.
Como respuesta a esta situación, el grupo socialista propone crear una oficina municipal contra la especulación inmobiliaria y turística que ofrezca asesoramiento y defensa jurídica gratuita a las comunidades de propietarios afectadas.
Los vecinos de Benicalap, que se describen a sí mismos como «indefensos» y «desprotegidos», esperan que el Ayuntamiento corrija su fallo cuanto antes y emita por fin una respuesta clara sobre la legalidad de las obras que transforman su edificio.
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