El Partido Popular ha salido a defender públicamente el proceso de traspaso de la gestión de los recursos hídricos al Consell Insular de Menorca, asegurando que se llevará a cabo con total seguridad jurídica y siguiendo el procedimiento establecido por el Estatut de les Illes Balears.
Los populares ratifican así la posición del Govern y del Consell, y rechazan las críticas surgidas tras la derogación de un artículo de la Ley de Reserva de Biosfera que, según el anterior ejecutivo de izquierdas, habilitaba al Consell para asumir directamente esa competencia.
El PP sostiene que dicho artículo era inaplicable desde el principio. Afirman que fueron los propios órganos jurídicos de la Comunidad Autónoma quienes advirtieron de que el mecanismo previsto en esa norma no cumplía con los requisitos legales para formalizar una transferencia efectiva de competencias.
Según los populares, el camino correcto pasa por el artículo 71 del Estatut, que regula la delegación de funciones ejecutivas a los consells insulares para competencias que no les son propias. Es por esa vía, y no por atajos legislativos, por donde el PP defiende que debe articularse el traspaso.
La formación carga con dureza contra el anterior Govern. En un comunicado, aseguran que la izquierda «quiso presentar como una transferencia efectiva lo que sus propios servicios jurídicos advertían que no podía hacerse de aquella manera». Y añaden que, durante ocho años de gobierno progresista, no se convocó en ningún momento la comisión mixta de transferencias, el órgano previsto legalmente para impulsar ese proceso.
«Menorca necesita competencias efectivas, garantizando funciones, medios y recursos, y no artículos decorativos», concluyen desde el PP, dejando claro que la derogación del polémico artículo no supone ninguna renuncia a que la isla pueda asumir la gestión del agua en el futuro.
El debate llega en un momento especialmente sensible para la isla. La situación de los acuíferos menorquines, afectados por intrusión salina y altos niveles de nitratos en amplias zonas del territorio, hace que la gestión del agua sea un asunto de primera necesidad para los vecinos, muchos de los cuales ya no consumen agua del grifo.
La polémica entre partidos continúa abierta, mientras la ciudadanía espera respuestas concretas sobre quién y cómo gestionará un recurso tan vital para el futuro de Menorca.
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