La izquierda en el Consell de Menorca ha lanzado un aviso claro al equipo de gobierno del PP: el plan para limitar la entrada de vehículos a la isla difícilmente estará en marcha en 2027, tal y como defiende el partido que gobierna en minoría.
El conseller socialista Eduardo Robsy fue tajante al respecto. «No soy optimista con el calendario. Ahora tiene que aprobarse la propuesta de cambio de ley y tendrá que llegar al Parlament, donde hay otras muchas iniciativas legislativas que esperan. Habrá que aprobar el reglamento… Vemos difícil que pueda llegar al año que viene», señaló.
Robsy también recordó que el PSOE ha presentado varias iniciativas para acelerar el proceso, incluyendo una propuesta de reglamento y la convocatoria de un pleno extraordinario en agosto para agilizar los trámites parlamentarios. Ambas iniciativas fueron rechazadas por el gobierno, aunque finalmente el PP ha acabado convocando ese pleno por su cuenta.
Desde Més per Menorca, la postura es aún más crítica. La formación lleva semanas sosteniendo que la modificación de la ley es «una excusa más» para dilatar el proceso, y recuerda que la Ley de Reserva de Biosfera ya habría facultado al Consell para aplicar restricciones mucho antes. Ayer prefirieron no hacer nuevas declaraciones a la espera de analizar la documentación que se debatirá el próximo lunes.
El PSOE va en la misma línea y denuncia un «cambio de criterio por parte del PP» que, según Robsy, responde a «una presión social muy fuerte». El conseller socialista lamenta además que Menorca sea «la isla que va más tarde» en materia de restricción de vehículos.
A todo esto se suma la posición de Maite de Medrano, consellera no adscrita y ex de Vox, que se ha mostrado abiertamente contraria a la limitación. Considera que los problemas de movilidad no se resuelven restringiendo coches, sino que son consecuencia de «un abandono de las infraestructuras».
Si De Medrano vota en contra en el próximo pleno, el PP necesitará el apoyo de la izquierda para sacar adelante su propuesta, lo que convierte a sus críticos en árbitros del proceso que ellos mismos cuestionan.
La situación deja a la limitación de vehículos en Menorca en una encrucijada política que, según la oposición, ya lleva demasiado tiempo enquistada.
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