El Grupo Municipal Socialista de Oviedo ha dado la voz de alarma sobre el estado de los semáforos de la ciudad ante la inminente entrada en vigor de una nueva normativa de circulación. El plazo vence el próximo 1 de octubre y los socialistas temen que el Ayuntamiento no esté preparado.

La reforma del Reglamento General de Circulación introduce cambios concretos en la señalización luminosa. Entre ellos, que la luz amarilla para los vehículos no podrá coincidir, con carácter general, con la luz verde no intermitente para los peatones, y que deberá ir precedida de la luz roja no intermitente. Un ajuste técnico que, según el PSOE, afectará a numerosas intersecciones de la capital asturiana, con especial incidencia en aquellos pasos peatonales semaforizados ubicados a la salida de las glorietas.
El concejal socialista Jorge García Monsalve ha sido el encargado de trasladar esta preocupación a la opinión pública y anuncia que llevará la cuestión al próximo Pleno municipal. Allí reclamará al gobierno local tres respuestas concretas: qué semáforos están afectados por la nueva normativa, qué actuaciones necesita cada uno de ellos y si el Ayuntamiento va a llegar a la fecha límite con todas las adaptaciones realizadas.
«No podemos encontrarnos con que entra en vigor una nueva normativa y el Ayuntamiento todavía está haciendo el inventario», advirtió García Monsalve, que subrayó la urgencia de actuar con antelación y no esperar a que se produzca un accidente para comprobar si el consistorio ha cumplido con su obligación.
El socialista también ha puesto el foco en las consecuencias legales que podría acarrear una falta de adaptación. Si se produjera un accidente en un punto cuya regulación semafórica no hubiera sido actualizada conforme a la normativa vigente, el Ayuntamiento podría enfrentarse a una situación de responsabilidad jurídica de difícil defensa. «No se trata solo de seguridad vial, sino también de seguridad jurídica», señaló.
Con menos de cinco semanas para que la norma entre en vigor, los vecinos de Oviedo esperan que el gobierno local dé una respuesta clara y demuestre que la adaptación está en marcha o, en su caso, que explique qué obstáculos impiden cumplir con el calendario marcado por ley.
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