El municipio de Alaior, en Menorca, lleva tiempo recurriendo a pozos de titularidad privada para garantizar el suministro de agua potable a la urbanización de Sant Jaume. Una práctica que se desarrolla sin un protocolo oficial y al margen de lo que contempla la autorización otorgada en su momento por la Dirección General de Recursos Hídricos.
Los pozos en cuestión pertenecen a la promotora Edivissa y están autorizados para abastecer a la zona de Son Bou, una urbanización no recepcionada por el Ayuntamiento. Sin embargo, parte de ese caudal acaba incorporándose a la red de Sant Jaume cuando la situación lo requiere, a través de una conducción habilitada específicamente para ello.
El acuerdo funciona de forma puntual: la concesionaria del servicio en la urbanización, la empresa Lumer SL, paga las facturas correspondientes a Edivissa cada vez que se produce el trasvase. Pero no existe ningún marco legal que regule esta operativa, algo que inquieta especialmente a la promotora privada.
Desde Edivissa aseguran que el uso es más habitual de lo que admite el Ayuntamiento. Según sus datos, solo en julio se suministraron cerca de mil toneladas de agua a la concesionaria. La empresa se muestra dispuesta a seguir colaborando con la administración pública, pero exige que la situación se regularice ante Recursos Hídricos para no operar, según sus palabras, en un limbo legal.
El Consistorio de Alaior, por su parte, niega que recurra a pozos privados de manera ordinaria y defiende que se trata únicamente de incidencias puntuales. Lumer SL coincide en que este verano el recurso a fuentes externas se debió a una avería y se extendió solo un par de días, sin relación con problemas de escasez hídrica.
Las versiones, por tanto, no encajan. Y mientras el debate interno sigue abierto, el problema de fondo queda sin resolver: Sant Jaume depende habitualmente de dos pozos propios, pero cuando estos no son suficientes, la solución pasa por un acuerdo informal que nadie ha formalizado ante la administración competente.
El asunto cobra especial relevancia en un contexto de creciente preocupación por el agua en Menorca. La Dirección General de Recursos Hídricos ya tiene sobre la mesa otra petición similar, esta vez del Ayuntamiento de Es Mercadal, que solicita información sobre los usos de los pozos de la empresa Castellosa y el destino del agua extraída, parte de la cual habría salido del municipio en camiones cisterna.
La isla enfrenta un verano en el que la gestión hídrica vuelve a poner en evidencia las grietas de un sistema que necesita con urgencia mayor transparencia y regulación.
