Las tres familias que residen en el número 8 de la calle Santa Clara de Santander recibieron este viernes la notificación oficial del Ayuntamiento para abandonar su vivienda en un plazo de 48 horas. El motivo: la empresa propietaria del inmueble, Global Cuena, debe realizar obras de apuntalamiento para garantizar la seguridad estructural del edificio, y el bloque debe estar vacío mientras duran los trabajos.
Lo que más indigna a los afectados no es el desalojo en sí, sino cómo se ha gestionado. Según relataron algunos de los inquilinos, se enteraron de la situación el jueves por los medios de comunicación, sin que nadie les hubiera llamado antes para explicarles nada.
«No nos ha llamado nadie ni sabemos cómo será el desalojo», aseguró uno de los vecinos, que prefirió mantener el anonimato. Una hora después de hacer estas declaraciones, recibió la notificación oficial.
Los problemas estructurales detectados en el edificio surgieron durante las obras que Global Cuena lleva meses ejecutando en parte del inmueble con el objetivo de construir 27 apartamentos. Fue el propio director facultativo de la obra quien solicitó una revisión al considerar que podría ser necesario afianzar la estructura. La alcaldesa, Gema Igual, aclaró que la empresa tiene 15 días para completar el apuntalamiento y advirtió que, si no cumple el plazo, «tendrá que rendir cuentas al Ayuntamiento».
En el edificio viven únicamente tres familias con contratos de renta antigua: un matrimonio que además regenta una peluquería en el propio inmueble, una pareja joven y dos hermanas. El resto del bloque está desocupado.
El Ayuntamiento ha puesto los servicios sociales municipales a disposición de los inquilinos, aunque Igual fue clara al señalar que tener una renta antigua no implica necesariamente una situación económica precaria. Algunos vecinos, sin embargo, afirman que el consistorio directamente «no les ha ofrecido alternativa de alojamiento».
Los más críticos con el proceso apuntan a una posible «mala praxis» de la promotora y cuestionan la justificación del desalojo, argumentando que el informe pericial presentado no describe patologías exclusivas de este edificio. Además, denuncian que las obras continúan activas a pesar de los supuestos daños estructurales. «¿Por qué siguen taladrando?», se preguntan.
No es la primera vez que este inmueble levanta polémica. Hace dos años, varios vecinos ya denunciaron presiones para abandonar sus viviendas ante una hipotética rehabilitación con fines turísticos, algo que la propiedad negó en su momento.
