El Ayuntamiento de Segovia ha dado luz verde a un nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio que supondrá una inversión máxima de 6,5 millones de euros durante sus dos primeros años de vigencia, con arranque previsto para 2027. La medida eleva en un 75% la cuantía del contrato actual y amplía las horas de atención de 110.000 a 129.000 al año.
El servicio da respuesta a cerca de 500 personas, en su mayoría mayores y vecinos con situaciones de dependencia que necesitan apoyo profesional para seguir viviendo en sus propios hogares. La concejala de Servicios Sociales, Azucena Suárez, defendió el incremento como una respuesta necesaria al envejecimiento de la población y al aumento de la demanda registrado en los últimos años.
El precio por hora también subirá y la empresa que resulte adjudicataria estará obligada a contar con una coordinadora dedicada en exclusiva al contrato, en contacto permanente con los técnicos municipales.
El expediente salió adelante con los votos favorables de PP, Vox y Ciudadanos, la oposición de Segovia en Marcha y las abstenciones de PSOE e IU.
Uno de los asuntos que más debate generó fue la continuidad de las auxiliares de ayuda a domicilio. El pliego establece que debe procurarse el menor número posible de cambios y fija un máximo de tres o cuatro profesionales diferentes por usuario y año. PSOE e IU reclamaron mecanismos más exigentes, recordando que algunas familias han denunciado una rotación mucho mayor en la práctica.
IU valoró positivamente el aumento económico y de horas, pero lamentó que no se prime específicamente a las empresas que garanticen mayor estabilidad en sus plantillas. El PSOE pidió un seguimiento riguroso de la subrogación de trabajadoras, los salarios, los tiempos de desplazamiento y la formación, y criticó además que el Ayuntamiento abandone el programa mixto de atención sociosanitaria.
Segovia en Marcha rechazó el modelo de gestión indirecta y planteó estudiar una empresa pública que prestara el servicio de forma directa. El equipo de gobierno respondió que su responsabilidad es velar por el cumplimiento del contrato, sin poder intervenir en las relaciones laborales internas de la adjudicataria.
El mismo pleno aprobó también una modificación de la plantilla municipal que incluye la creación de plazas de arqueólogo, técnico de Seguridad Ciudadana, encargado de supervisión de obras de Medio Ambiente y jefatura de gestión presupuestaria, entre otros cambios.
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