El pasado 11 de agosto, el 18 Foro Menorca Illa del Rei reunió a empresarios y representantes institucionales para debatir sobre la reindustrialización de la isla. Entre los temas que centraron el debate, uno resonó con fuerza entre los asistentes: la burocracia administrativa y su efecto paralizador sobre ciudadanos y empresas.
La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, tomó la palabra y reconoció abiertamente el problema. Habló de simplificar trámites, de reducir los pasos que se duplican y triplican entre administraciones, y apuntó hacia la idea de una ventanilla única que facilite las gestiones del ciudadano. Sus palabras generaron esperanza entre los presentes.
Sin embargo, esa esperanza no ha tardado en chocar con la realidad.
Apenas días después del foro, se conoce que los residentes en la isla tendrán que tramitar una autorización específica para acreditar su condición de tal. Esto significa que no bastará con estar empadronado en Menorca, ni con tener el vehículo matriculado aquí, ni con pagar los impuestos correspondientes a la Hacienda Balear. Además de todo eso, habrá que solicitar un documento adicional que acredite la exención.
La medida ha generado una reacción de incredulidad entre muchos vecinos de la isla, que se preguntan cómo es posible que en plena era digital, con todos los datos cruzados entre administraciones, sea necesario añadir un trámite más.
La contradicción resulta llamativa. Por un lado, el Govern anuncia su intención de desatascar la maquinaria burocrática. Por el otro, se aprueba una medida que exige a los residentes demostrar lo que ya está registrado en los sistemas públicos.
Desde distintos sectores de la sociedad menorquina se apunta a un problema estructural: la burocracia no es solo un inconveniente puntual, sino un sistema que crece sobre sí mismo, que traslada al ciudadano la responsabilidad de demostrar lo que las administraciones ya deberían saber.
Las horas perdidas en ventanillas, los papeles que se piden entre organismos, las esperas que se alargan durante meses o años, son una realidad cotidiana para empresas y familias de la isla.
La pregunta que queda en el aire es si existe voluntad política real para cambiar este modelo, o si los anuncios de simplificación seguirán conviviendo con nuevas exigencias que van en sentido contrario.
Por ahora, los residentes de Menorca tendrán que añadir un trámite más a su lista.
