La polémica por el fallido traslado de ocho menores extranjeros no acompañados a un piso del paseo de La Florida de Oviedo ha dado un giro inesperado y de gran calado institucional. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha remitido toda la documentación del caso a la Fiscalía y ha abierto una investigación interna tras descubrirse una presunta vinculación familiar entre el jefe del Servicio de Infancia del Principado y la propiedad del inmueble elegido para el centro.
El edificio en cuestión, situado en el número 32 del paseo de La Florida, pertenece a la sociedad García Villamil S. L. Un informe elaborado por la propia Secretaría General Técnica de la consejería reveló que existe una relación de parentesco entre el citado alto cargo y una de las personas vinculadas a dicha propiedad. Según apuntaban estos días las redes sociales, se trataría de una relación de primo hermano, y el alquiler mensual habría rondado los 5.000 euros.
La nueva consejera, Nerea Monroy, que tomó posesión apenas el lunes, descartó el inmueble ese mismo día alegando dudas técnicas, jurídicas y las cargas que pesaban sobre el mismo.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, confirmó este miércoles la decisión de trasladar el expediente completo al Ministerio Fiscal para que valore las circunstancias y determine las actuaciones oportunas. Lo hizo, según sus propias palabras, con la transparencia que define a su Gobierno, y garantizó transparencia total y absoluta en todo el proceso.
Hay que subrayar que el traslado de los menores nunca llegó a producirse, y tampoco se formalizó ningún contrato de arrendamiento, responsabilidad que en todo caso habría recaído en la Fundación Diagrama, la entidad concertada encargada de la gestión.
Sin embargo, la oposición no se ha conformado con las explicaciones ofrecidas y exige que se depuren responsabilidades políticas. La contestación vecinal de las semanas previas, centrada inicialmente en el rechazo al recurso para menores, ha quedado ahora en un segundo plano ante la gravedad de las irregularidades administrativas que apunta el informe interno.
La investigación abierta deberá aclarar cómo se tramitó un proceso en el que, al menos sobre el papel, pudo existir un conflicto de intereses en el seno de la propia administración regional. La Fiscalía tiene ahora la última palabra.
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