La jueza instructora del caso Azud ha cerrado la fase de investigación y ha procesado a 38 personas por su presunta implicación en una de las mayores tramas de corrupción municipal que ha conocido la ciudad de Valencia. Entre los acusados figuran altos cargos del Ayuntamiento, familiares directos de la exalcaldesa Rita Barberá y empresarios que habrían pagado comisiones para lograr contratos públicos.
La lista de procesados sitúa a Alfonso Grau Alonso como el llamado «cerebro político» de la trama. Vicealcalde durante dos décadas, entre 1995 y 2015, y presidente de AUMSA, la instructora concluye que controlaba departamentos clave del consistorio, amañaba concursos, alteraba planeamientos urbanísticos y adjudicaba parcelas a dedo. Solo en la denominada operación Colegios habría recibido en metálico al menos 1,2 millones de euros, blanqueados después a través de cuentas en Estados Unidos, cajas de seguridad y sociedades pantalla.
El otro nombre central es José María Corbín Navarrete, abogado y cuñado de Barberá, considerado el «conseguidor principal». Habría canalizado comisiones de empresas privadas a través de su despacho simulando servicios jurídicos que nunca se prestaron. Su acceso directo a la alcaldesa y a los altos cargos municipales, gracias al vínculo familiar, le habría facilitado esa función de intermediario.
Tres de sus hijas, María José, María Rita y María Asunción Corbín Barberá, también figuran entre los procesados, acusadas de blanqueo de capitales por haber recibido donaciones de su padre para adquirir inmuebles con fondos presuntamente de origen ilícito.
Entre los acusados aparecen además técnicos municipales del área de aguas y saneamiento, como Juan Carlos Girbés y Juan Bautista Calatayud, a quienes la jueza imputa haber manipulado valoraciones técnicas para favorecer a Acciona en concursos públicos. El abogado Diego Daniel Elum, que habría actuado como enlace entre esa empresa y Corbín, también ha sido procesado.
El exconcejal de Urbanismo Jorge Bellver completa el núcleo político del caso junto a Grau.
Los delitos que pesan sobre los procesados incluyen cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, blanqueo de capitales, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública.
El fin de la instrucción abre ahora el camino hacia el juicio oral, donde Valencia deberá mirar de frente años de presunta corrupción que habrían marcado la gestión municipal durante buena parte de las últimas tres décadas.
