La Asociación de Vecinos del Barrio de La Lastra ha denunciado públicamente la escasa colaboración del Ayuntamiento de León durante las fiestas del barrio, después de recibir únicamente 97 sillas y ocho tableros para una paellada popular a la que asisten cada año alrededor de 500 comensales.

La asociación asegura haber solicitado material suficiente para 600 personas, teniendo en cuenta que muchos vecinos acompañan la celebración aunque no consuman el plato principal. La respuesta del consistorio, según el comunicado emitido por la entidad vecinal, fue el envío de ese escaso mobiliario, algo que han calificado abiertamente de «vergonzoso».
Pero el malestar no se quedó ahí. Los vecinos también denunciaron que, al llegar al parque el sábado por la mañana para preparar las actividades deportivas, se encontraron con las papeleras completamente desbordadas y sin que ningún operario del servicio de jardines hubiera pasado a limpiar la zona tras las actividades del viernes.
Fueron los propios vecinos de mayor edad quienes tomaron la iniciativa y recogieron la basura con sus propias manos para dejar la plaza y el parque en condiciones mínimas antes del inicio de la jornada.
La asociación señala directamente al concejal de Desarrollo Urbano, Luis García Copete, y al alcalde José Antonio Díez como responsables de esta situación. Según los vecinos, las empresas contratadas para el mantenimiento de jardines tienen la obligación de limpiar también las zonas de adoquinado y plazas del barrio, pero esta labor no se está ejecutando. Denuncian además que reclamar al servicio municipal de limpieza supondría pagar dos veces por el mismo trabajo.
El tono del comunicado es contundente. Los vecinos de La Lastra sienten que el barrio recibe un trato desigual, como si solo sirviera para «extraer altos impuestos» sin que eso se traduzca en inversión ni en cuidado real del espacio público.
Y el aviso final no deja lugar a dudas: la asociación recuerda que quedan ocho meses para las próximas elecciones municipales, que el barrio no para de crecer y que sus habitantes también acuden a las urnas.
Una advertencia política clara, lanzada desde una mesa con 97 sillas donde debería haber 600.
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