Los municipios de Cantabria han dado un paso firme para plantar cara a los actos vandálicos y al incivismo. La instalación de cámaras de videovigilancia se ha disparado en los últimos cuatro años y la región ya supera el millar de dispositivos repartidos por sus calles y espacios públicos.
Según los datos de la Delegación del Gobierno en Cantabria, el número de cámaras autorizadas ha pasado de las 774 registradas en 2022 a las 1.094 actuales, lo que supone un incremento del 41,3% en apenas cuatro años. En total, 320 nuevos ojos electrónicos vigilan hoy rincones que antes quedaban a merced de gamberros y grafiteros.
El crecimiento no solo se mide en dispositivos. También ha aumentado el número de municipios que se han sumado a esta apuesta por la seguridad ciudadana, pasando de 19 a 24, un 26% más. Entre los nuevos incorporados figuran Colindres, Liérganes, Alfoz de Lloredo, Marina de Cudeyo, Ribamontán al Mar, Santoña y Villacarriedo. Por el contrario, Campoo de Enmedio y Noja ya no aparecen en el censo.
La concentración de cámaras es notable en cinco municipios concretos. Santander, Piélagos, Camargo, Castro Urdiales y Colindres acumulan casi el 80% del total regional, con 871 de los 1.094 dispositivos registrados.
Piélagos destaca especialmente. Su parque de cámaras ha crecido un 65,4% desde 2022, sumando 104 nuevos aparatos, y el consistorio tiene en marcha un ambicioso plan a ocho años vista con una inversión estimada de 3,6 millones de euros. Su alcalde lo explica con claridad: con un término municipal de 87 kilómetros cuadrados, es imposible cubrir todo el territorio solo con patrullas policiales.
Y es que ese es precisamente el argumento que comparten la mayoría de los ayuntamientos. Las plantillas de la policía local no pueden estar en todos los sitios a todas horas, y las cámaras permiten actuar de forma más eficaz ante los incidentes, además de utilizarse para controlar el tráfico.
Sin embargo, instalar una cámara no es un trámite sencillo. Cada solicitud debe pasar por la Delegación del Gobierno y ser analizada por una comisión de expertos en justicia y seguridad, que valora si la necesidad de vigilancia justifica la limitación de derechos individuales. Las autorizaciones se renuevan anualmente, lo que obliga a los municipios a mantener al día su documentación.
A pesar de la burocracia, los consistorios no dan marcha atrás. La tendencia es clara: Cantabria vigila cada vez más, y los vándalos tienen cada vez menos sitios donde esconderse.
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