Los primeros adjudicatarios de las VPO de Orejo renuncian a sus pisos y el Gobierno busca nuevos inquilinos

Los dos adjudicatarios de las viviendas de alquiler asequible de Orejo, en Marina de Cudeyo, han renunciado a los inmuebles que les correspondieron en el sorteo celebrado el pasado junio. La Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria ha confirmado la situación y ya ha puesto en marcha los trámites para que los siguientes candidatos de la lista de espera pasen a ocupar los pisos.

Los primeros adjudicatarios de las VPO de Orejo renuncian a sus pisos y el Gobierno busca nuevos inquilinos

Los inmuebles en cuestión son dos de las tres viviendas de protección oficial que el Ejecutivo regional habilitó en Orejo tras transformar antiguos locales comerciales que llevaban años cerrados en una promoción de 51 VPO. Las obras concluyeron en julio de 2025 y los pisos estaban destinados a alquiler asequible.

El sorteo, en el que participaron 95 solicitantes, se celebró en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria pese a la polémica que ya rodeaba al proceso. Y es que una de las tres viviendas, la más grande de las tres con tres dormitorios, llevaba semanas okupada por una familia compuesta por padre, madre e hija que había entrado de forma ilegal a finales de abril.

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Los dos pisos afectados por las renuncias son los más pequeños, con dos habitaciones cada uno. Sus adjudicatarios iban a convertirse en vecinos directos de esa vivienda okupada, lo que algunos apuntan como posible razón de las retiradas, aunque desde la Consejería no se han dado a conocer los motivos.

Ahora, los siguientes nombres de la lista ordenada alfabéticamente han sido llamados a sustituirles. Según Fomento, estos nuevos beneficiarios ya han entregado la documentación necesaria y el proceso sigue su curso, con la previsión de completar las adjudicaciones lo antes posible.

La tercera vivienda, la que fue ocupada ilegalmente, sigue bloqueada a la espera de una sentencia judicial. El juicio se celebró el pasado 17 de junio y la Fiscalía pidió para la única acusada que compareció, una joven de 19 años, una multa de 270 euros y el desalojo en 15 días. Sin embargo, la resolución aún no ha llegado y la familia continúa en el domicilio.

Mientras la justicia avanza a su propio ritmo, el Gobierno trata de desatascar al menos las dos viviendas disponibles y espera poder entregar las llaves a los nuevos inquilinos en un plazo breve.