El Obispado de Zamora reveló este martes que aplicó medidas cautelares de carácter verbal sobre el sacerdote de Fuentesaúco en octubre del pasado año, antes de apartarle definitivamente del ejercicio de su ministerio. El prelado zamorano detalló públicamente cómo actuó la institución desde el primer momento en que tuvo conocimiento de los presuntos abusos sexuales a menores.
El obispo de Zamora, Fernando Valera, explicó que la Diócesis supo de la existencia de un posible caso de abuso sexual el 10 de septiembre de 2025. A partir de ese momento se inició una investigación previa para comprobar los hechos, se contactó con las presuntas víctimas y también con el propio sacerdote acusado, ya que, según apuntó el obispo, «a veces puede haber una denuncia falsa y la investigación previa te dice si hay posibilidades o no».
Tras el puente del Pilar se aplicaron las primeras medidas cautelares verbales. En paralelo, la Diócesis se puso en contacto con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano, recibiendo respuesta en menos de un mes. El propio Valera viajó a Roma personalmente para agilizar los trámites.
Los hechos investigados habrían ocurrido en 2023 e implicarían a dos menores, aunque la Diócesis reconoció haber hablado con un tercero que finalmente no quiso presentar denuncia. El caso llegó a la Fiscalía en abril, y el sacerdote fue separado de sus funciones tras la Semana Santa de este año.
El delegado de Comunicación diocesano, Juan Carlos López, destacó que los protocolos internos han funcionado gracias al trabajo formativo impulsado desde la llegada del obispo Valera, especialmente entre los agentes pastorales vinculados a la educación.
El obispo calificó la gestión de «ejemplar» y aseguró que se trata de «uno de los procesos más rápidos» que conoce en España tras más de quince años trabajando en este ámbito dentro de la Iglesia.
Respecto a las medidas canónicas definitivas, la Diócesis aclaró que estas deberán esperar al resultado de la sentencia judicial. Desde el Obispado insistieron en que no han querido perjudicar ni a las víctimas ni al acusado, pero que han optado por respetar los procesos legales antes de dar pasos definitivos en el plano eclesiástico.
El proceso penal sigue su curso mientras la comunidad de Fuentesaúco y la provincia entera aguardan una resolución judicial que permita cerrar un capítulo especialmente doloroso.
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