El conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, salió este martes al paso de las críticas por la destitución de la exdirectora general de Costas y Litoral, María Joaquina Ferrer, asegurando que la decisión no responde a ningún tipo de presión externa ni a un expediente administrativo concreto.
Lafuente fue interpelado durante el primer pleno del Parlament de esta nueva etapa por la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, quien puso en cuestión el cese de una responsable técnica que, según sus palabras, «cumplía con la normativa» al frente de la Dirección General de Costas y Litoral.
La pregunta puso el foco en una destitución que ha generado debate en el archipiélago, especialmente entre quienes defienden una gestión rigurosa del litoral balear, un asunto de especial sensibilidad en islas como Menorca, donde la presión sobre la costa es constante y la protección medioambiental ocupa un lugar central en la agenda política y ciudadana.
El conseller respondió con firmeza. «Este conseller jamás se ha inmiscuido en ninguna resolución concreta, se ha inmiscuido en una cosa muy clara, que es tratar de cumplir el tiempo», subrayó ante la cámara, dejando claro que su actuación se ha limitado a criterios de gestión interna y no a intereses particulares.
Sin embargo, sus palabras no despejaron del todo las dudas de la oposición. La diputada de MÉS per Mallorca insistió en que el perfil técnico de Ferrer, con apenas un año en el cargo, hacía poco comprensible una salida tan repentina, y reclamó mayor transparencia sobre los motivos reales de la decisión.
El litoral de las Islas Baleares es uno de los espacios naturales más valiosos y a la vez más vulnerables del Mediterráneo. La gestión de costas afecta directamente a los permisos de instalaciones, los expedientes de ocupación de dominio público marítimo-terrestre y la aplicación de la normativa ambiental, materias que generan conflictos de interés frecuentes entre administraciones, particulares y colectivos ecologistas.
El asunto queda abierto. La oposición ha anunciado que continuará reclamando explicaciones, y los grupos ambientalistas del archipiélago seguirán atentos a quién asuma las riendas de una dirección general cuyas decisiones marcan el futuro de unos recursos naturales que, una vez dañados, difícilmente se recuperan.
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