Un concejal de Aranda de Duero pide al Gobierno que abra un expediente disciplinario al secretario del Ayuntamiento

El concejal no adscrito Alberto Marcos Castilla ha presentado un escrito ante la Dirección General de la Función Pública solicitando que se investiguen diversas actuaciones del actual Secretario General en funciones del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Un concejal de Aranda de Duero pide al Gobierno que abra un expediente disciplinario al secretario del Ayuntamiento

La petición, registrada ante el organismo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, plantea la apertura de un expediente disciplinario si los hechos denunciados así lo justifican.

El escrito recoge cuatro puntos concretos que el concejal considera merecedores de revisión. El primero tiene que ver con la posible intervención del funcionario en actuaciones vinculadas a la valoración y modificación de su propio puesto de trabajo. El segundo señala ciertas expresiones que este alto cargo habría dirigido a representantes municipales.

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Los otros dos puntos se refieren a las acumulaciones de funciones que el secretario desempeña en otras entidades locales y a las retribuciones que habría percibido por ellas, cuestionando si dichas acumulaciones cuentan con las autorizaciones legales correspondientes.

Uno de los asuntos que más detalle recibe en la documentación es el relativo al complemento específico del puesto de Oficial Mayor. Según el escrito, el secretario firmó electrónicamente documentos relacionados con la tramitación de la factura de un estudio encargado a una consultora externa. El concejal plantea si, dado su posible interés profesional y económico en el resultado, debería haberse abstenido de participar en esas gestiones.

Marcos Castilla deja claro que el objetivo de su petición no es otro que el de que los órganos competentes contrasten la documentación aportada y determinen si existe algún tipo de responsabilidad disciplinaria.

El movimiento del edil no adscrito añade un nuevo foco de tensión en la vida política municipal de Aranda de Duero, donde el funcionamiento interno del consistorio vuelve a quedar bajo el foco público. La Administración del Estado deberá ahora decidir si procede o no iniciar actuaciones previas sobre el caso.