El concejal no adscrito Alberto Marcos ha presentado un escrito ante la Dirección General de la Función Pública en el que solicita una investigación sobre diversas actuaciones del secretario general en funciones del Ayuntamiento de Aranda de Duero, cargo que ocupa desde hace casi dos años.

El escrito, registrado el pasado 31 de agosto, pide la realización de actuaciones previas y, si procede, la apertura de un expediente disciplinario contra el funcionario. Marcos ha aportado documentación que considera probatoria y apunta a cuatro frentes principales: la valoración de su propio puesto de trabajo, el trato dispensado a concejales electos, la acumulación de funciones en otros municipios y las retribuciones percibidas por ello.
Uno de los puntos más llamativos tiene que ver con el complemento específico del puesto de Oficial Mayor, cargo inicial del funcionario. Según el edil, tras un acuerdo judicial el Ayuntamiento contrató a una empresa consultora para valorar dicho complemento. Sin embargo, entre la documentación consta un correo en el que el propio secretario habría trasladado a esa consultora criterios concretos para llevar a cabo la valoración, comparaciones con otros municipios e incluso la conveniencia de transformar su puesto en el de Vicesecretario.
Marcos se pregunta públicamente si alguien con un interés profesional y económico directo en el resultado debería haberse mantenido al margen de ese proceso. El coste total del puesto asciende a más de 91.000 euros anuales entre retribuciones brutas y cuotas de Seguridad Social.
El escrito también recoge expresiones que el secretario habría dirigido a representantes de la Corporación municipal, entre ellas términos como «auténtico mentiroso», «inútil», «mala persona» o referencias a la «ineptitud» e «ignorancia» de los ediles. El concejal solicita que se valore si este tipo de lenguaje es compatible con los deberes de respeto que se exigen a cualquier empleado público en su trato con cargos democráticamente elegidos.
A todo ello se suma la situación de acumulación de funciones, ya que el funcionario compagina su trabajo en Aranda con el de secretario del pequeño municipio de Quemada, a apenas diez kilómetros de distancia.
El objetivo declarado de Marcos es que los organismos competentes contrasten la documentación presentada y determinen si existe algún tipo de responsabilidad disciplinaria. La pelota queda ahora en el tejado de la Función Pública.
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