Alberto Marcos Castilla, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Aranda de Duero, ha presentado ante la Dirección General de la Función Pública una solicitud formal para que se investigue la actuación del Oficial Mayor y actual Secretario General en funciones del consistorio, Fernando Calvo Cabezón.
El escrito, registrado el pasado 31 de agosto, pide que los órganos competentes realicen actuaciones previas y valoren la posible apertura de un expediente disciplinario contra el funcionario.
Son cuatro los frentes que el edil pone sobre la mesa. El primero y más grave tiene que ver con la valoración del propio puesto de trabajo del funcionario. Marcos señala que Calvo Cabezón habría intervenido en el proceso de determinación del complemento específico de su plaza, pese a tener un interés económico directo en el resultado. Entre la documentación aportada figura un correo enviado a la consultora Nutco, encargada de realizar el estudio de valoración, en el que se plantean criterios concretos y comparaciones con otros municipios. Además, constan documentos con la firma electrónica del propio secretario en la tramitación de la factura correspondiente a ese estudio.
El concejal recuerda que, pese a las objeciones de los servicios municipales, en febrero de 2025 se llegó a proponer transformar el puesto en Vicesecretario con un complemento específico de 2.576 euros mensuales, o bien aplicar otro sistema de valoración que lo situaría en 2.227 euros al mes. En ambos casos, subraya Marcos, se trataba de incrementos respecto a lo que el funcionario venía cobrando, no de reducciones. Según el presupuesto municipal de 2026, el coste total del puesto ronda los 91.000 euros anuales.
El segundo frente apunta al trato dispensado a representantes municipales. Marcos recoge expresiones que el secretario habría dirigido a ediles, como «inútil», «mala persona», «auténtico mentiroso» o referencias a su «ineptitud» y «absoluto desconocimiento». El concejal solicita que se valore si este lenguaje es compatible con los deberes de respeto que exige la función pública en las relaciones con cargos elegidos democráticamente.
Las otras dos cuestiones se refieren a la acumulación de funciones en otras entidades locales y a las retribuciones percibidas por esas tareas, sobre las que el edil solicita que se compruebe si se han respetado los límites legales.
«El objetivo es que los órganos competentes investiguen los hechos, contrasten la documentación aportada y determinen si existe algún tipo de responsabilidad disciplinaria», ha declarado Marcos, quien asegura que en la investigación han participado técnicos jurídicos de distintas administraciones.
Más noticias de Burgos
La Junta invierte más de dos millones en reformar 56 colegios e institutos de Burgos antes de que arranque el curso
Un concejal de Aranda de Duero exige que se investigue la conducta del secretario general en funciones del Ayuntamiento
Aranda de Duero abre las puertas de su nuevo Centro de Recepción de Visitantes para potenciar el turismo en la Ribera