El Ayuntamiento de Villasandino ha decidido actuar con firmeza ante un problema que lleva años enquistado en el municipio burgalés: la invasión de caminos rurales por parte de agricultores que han ido ampliando sus cultivos más allá de los límites legales de sus parcelas. El pleno municipal ha aprobado aplicar de manera íntegra una ordenanza de 2010 que hasta ahora nadie se había atrevido a hacer cumplir.
Un informe topográfico elaborado en 2022 sobre los 25 polígonos del término municipal ya dejaba en evidencia la magnitud del problema: hasta 185 parcelas colindantes ocupan parte o la totalidad de los caminos rurales. Y desde entonces, según advierte el alcalde, Ángel Mesón, la situación no ha hecho más que empeorar.
«Nadie ha tenido voluntad de hacerla cumplir, pero es nuestra obligación que se respete un bien de dominio público. Hay caminos rurales que han desaparecido enteros», ha declarado Mesón, que ha impulsado esta medida con el objetivo de revertir el deterioro del viario rural antes de que comience la campaña agrícola 2026-2027.
Las sanciones contemplan tres niveles de infracción. Las leves parten desde los 750 euros, mientras que las muy graves pueden alcanzar los 3.000 euros. Entre las conductas más penalizadas figuran la alteración de mojones o hitos de señalamiento, la ejecución de obras no autorizadas en caminos, el aparcamiento de vehículos y remolques agrícolas que obstaculicen el tránsito, y cualquier acción que dañe o impida el uso de estos espacios públicos.
Lo recaudado con las sanciones se destinará directamente al arreglo y mantenimiento de los propios caminos, una vez descontados los gastos administrativos del procedimiento.
El Ayuntamiento comunicará previamente a los titulares afectados la situación para que tomen medidas antes de que arranque la siembra. Además, quienes tengan sus tierras en régimen de arrendamiento deberán facilitar al consistorio los datos del arrendatario; en caso contrario, el expediente recaerá directamente sobre el propietario.
El procedimiento podrá iniciarse tanto de oficio como a instancia de cualquier vecino que presente una denuncia, lo que amplía la capacidad de control sobre el terreno.
Para los caminos que bordean arroyos y regatos, el Ayuntamiento ha comunicado la situación a la Confederación Hidrográfica del Duero, que actuará conforme a sus propias competencias.
Con esta decisión, Villasandino manda un mensaje claro: los caminos rurales son patrimonio de todos y su protección ya no admite más demoras.
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