El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha dado un paso formal para reforzar los juzgados de Maó y poner fin a la acumulación de causas que lleva años enquistada en los tribunales menorquines.
La Sala de Gobierno del alto tribunal ha aprobado elevar al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia una propuesta que incluye la creación de 13 nuevas plazas judiciales en todo el archipiélago para el año 2027. Una de ellas iría destinada a los juzgados de Maó, concretamente para sumar una cuarta plaza a la Sección Civil y de Instrucción del municipio.
El objetivo es claro: aliviar el colapso que arrastra esta sección y agilizar la resolución de los procedimientos que se acumulan sin fecha de salida próxima.
No es la primera vez que se hace esta reclamación. El propio tribunal lleva años advirtiendo de la falta de medios en Menorca, y sus responsables han llegado a cifrar en cinco las plazas necesarias para la isla. Sin embargo, la propuesta formal de cara a 2027 se limita, de momento, a una sola plaza nueva.
La petición más llamativa del paquete de medidas aprobado no afecta directamente a Menorca, sino a la Audiencia Provincial. El tribunal propone crear una tercera sección penal para hacer frente a los retrasos acumulados en los señalamientos de juicios, algunos de los cuales ya tienen fecha fijada para el año 2030.
Actualmente la Audiencia cuenta con dos secciones penales de seis magistrados cada una. La idea es reorganizarlas en tres grupos de cuatro magistrados para multiplicar la capacidad de celebrar juicios. Esta propuesta ya cuenta con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial, y la única plaza que habría que crear en este escenario sería la de presidencia de la nueva sección.
Mientras tanto, se mantiene en marcha un plan de choque en la Audiencia para priorizar los señalamientos más urgentes. El pasado mes de primavera, el Consejo llevó a cabo una inspección en ambas secciones penales para evaluar el alcance de la situación y proponer soluciones.
La aprobación definitiva de las nuevas plazas dependerá ahora de las decisiones que adopten el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, cuya respuesta marcará si la justicia menorquina podrá al fin respirar con algo más de holgura el próximo año.
