La madrugada del 17 de marzo de 2024 quedará en la memoria de la Policía Local de Sevilla como una de las intervenciones más llamativas de los últimos años. Agentes del cuerpo irrumpieron pasadas las ocho de la mañana en un local de la avenida Montes Sierra, junto al barrio de Santa Clara, donde encontraron a más de 130 personas en estado de agitación, muchas de ellas semidesnudas y bajo los efectos de diversas sustancias estupefacientes.
Los jóvenes presentaban sudoración intensa y pupilas dilatadas. Uno de ellos llegó a sufrir convulsiones y tuvo que ser trasladado urgentemente a un centro sanitario.
En el interior del establecimiento, conocido como el local Raisa Shekenis, los agentes decomisaron hasta 260 unidades de distintas sustancias asociadas a las llamadas fiestas chemsex, encuentros en los que se mezcla el consumo de drogas con relaciones sexuales. Entre los efectos incautados había cocaína, GHB, MDMA, derivados de la ketamina, pastillas de sildenafilo, jeringuillas y varios utensilios relacionados con el consumo.
El organizador del evento fue sorprendido en la puerta vendiendo entradas. Un segundo hombre fue interceptado dentro del local con bolsitas de anfetamina, cucharillas, un turulo metálico y billetes. Ambos se sentaron en el banquillo de la Audiencia de Sevilla acusados de un delito contra la salud pública por sustancias que causan grave daño. La Fiscalía pedía cuatro años y medio de prisión para cada uno de ellos, además de importantes multas.
Sin embargo, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla emitió el pasado 30 de junio una sentencia absolutoria. El tribunal consideró que no existía prueba incriminatoria suficiente sobre un acuerdo entre ambos acusados para vender drogas. Además, los magistrados precisaron que la mayoría de las sustancias intervenidas no estaban fiscalizadas y que las cantidades halladas, pese a la variedad, no implicaban por sí solas una preordenación al tráfico de estupefacientes.
La resolución deja sin condena un caso que en su momento generó un gran impacto en la ciudad y reabre el debate sobre los límites legales a la hora de perseguir este tipo de eventos.
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