El proyecto del futuro Centro Cívico de Zamora continúa acumulando incrementos en su presupuesto. La Junta de Castilla y León ha aprobado una nueva modificación del contrato de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras, lo que supone un encarecimiento adicional de 37.242,75 euros con IVA incluido.

La modificación quedó registrada el pasado 11 de septiembre y eleva el importe total de este contrato hasta los 232.742,75 euros, frente a los 195.500 euros que se acordaron en el momento de su formalización, en octubre de 2022. El incremento representa un 19,05% sobre la cifra inicial, o lo que es lo mismo, 30.779,13 euros sin impuestos.
Es importante subrayar que este contrato se refiere exclusivamente a los trabajos de dirección y coordinación de la obra, no a su ejecución. El importe, por tanto, no debe confundirse con el coste total de construir el Centro Cívico, que es una partida distinta y considerablemente mayor.
La empresa adjudicataria de este servicio es ISUURU-MUÑOZ-BLANCO, que figura en el expediente como grupo de operadores económicos. Cuando se formalizó el contrato, hace casi cuatro años, se estableció un plazo de ejecución de 33 meses, desglosados en 18 meses para la propia obra, 12 meses de período de garantía y 3 meses más destinados a los trabajos de liquidación del contrato.
El hecho de que esos plazos hayan sido superados con creces explica, al menos en parte, el reajuste económico aprobado ahora por la administración autonómica. Las demoras en la ejecución de obras públicas de esta envergadura suelen arrastrar consigo revisiones en los contratos de los servicios asociados, como ocurre en este caso con la dirección facultativa.
El Centro Cívico de Zamora es uno de los proyectos de mayor calado para la ciudad dentro del ámbito de infraestructuras culturales y sociales. Su gestación ha sido larga, con una rehabilitación de un edificio ya existente a la que se suma una ampliación de nueva planta. A medida que los meses han ido pasando, también lo ha hecho la factura que deberá asumir el erario público.
Cada nueva modificación contractual vuelve a poner el foco sobre la gestión de los plazos y los costes de una obra que los zamoranos llevan tiempo esperando ver terminada.
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