Una plataforma vecinal ha entregado entre 7.800 y 7.900 firmas en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia para rechazar la instalación de una planta de biometano y compost proyectada en Valverde del Majano. El colectivo exige que la Administración autonómica archive el expediente y advierte de que, si el proceso sigue adelante, combatirá el proyecto por todas las vías administrativas y jurídicas a su alcance.
Las firmas se recogieron en aproximadamente un mes, coincidiendo con el periodo de información pública del expediente de autorización ambiental. El respaldo supera con creces los 1.100 habitantes del municipio, ya que suma apoyos de residentes de Valverde, personas vinculadas al pueblo y vecinos de localidades cercanas como Abades, Martín Miguel, Garcillán y Hontanares de Eresma.
Según el portavoz de la plataforma, Antonio González, el rechazo es «amplio» y demuestra que la oposición no se circunscribe al término municipal. «Ni Valverde ni la gente de los pueblos de alrededor están de acuerdo con la planta», afirmó.
Entre las principales preocupaciones del colectivo destaca la proximidad de la parcela elegida a puntos sensibles del municipio. A menos de un kilómetro se encuentra el sondeo que abastece de agua al pueblo, y en el entorno cercano se sitúan también la residencia de mayores y el colegio. La plataforma teme que la gestión de residuos en la instalación pueda comprometer el suministro hídrico y la calidad de vida de la zona.
El tráfico generado por la actividad es otro foco de alarma. Los cálculos elaborados a partir de la documentación del proyecto apuntan a unos 80 camiones diarios atravesando el municipio para abastecer la planta, con el consiguiente aumento de ruido y circulación pesada.
Los olores tampoco quedan fuera del debate. La instalación se proyecta al sur del casco urbano, precisamente la dirección desde la que soplan los vientos dominantes, lo que el colectivo considera un riesgo real para los residentes, aunque será la evaluación técnica la que determine el alcance de este impacto.
La plataforma también cuestiona la utilidad real del proyecto para la comarca, al considerar que la zona no tiene una carga ganadera ni un problema de gestión de residuos que justifique la instalación. Y frente al argumento del empleo, González recordó que la planta generaría entre seis y ocho puestos de trabajo en un municipio con una tasa de paro «prácticamente cero» y un polígono industrial con dificultades para cubrir sus propias vacantes.
El colectivo asegura no haber recibido respuesta ni propuesta alguna por parte de los promotores o de la Administración.
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