Decenas de jóvenes procedentes de Malí llevan días durmiendo a la intemperie en el barrio de Salburua, a la espera de ser atendidos por la Policía Nacional en las dependencias de Betoño. La situación ha desatado un cruce de reproches entre instituciones y ha puesto a la Diócesis de Vitoria en el centro de la solución.
La Iglesia vitoriana, encabezada por el obispo Juan Carlos Elizalde, no descarta reabrir sus templos para dar cobijo a estos ciudadanos africanos, tal y como ya hizo el pasado invierno. Las parroquias de San Joaquín, Santa Ana y Nuestra Señora de las Nieves les acogieron durante los meses más fríos, aunque el Obispado pausó el recurso con la llegada del verano. Ahora, con las temperaturas nocturnas comenzando a caer y el otoño a la vuelta de la esquina, esa opción vuelve a estar sobre la mesa. Eso sí, fuentes de la Diócesis señalan que aún no han recibido ninguna petición formal ni de los propios jóvenes ni de las asociaciones que los han acompañado durante estos meses.
El detonante inmediato fue la decisión del Ayuntamiento de Vitoria de impedir que la asociación de vecinos Salburua Burdinbide siguiera permitiendo que estos hombres pasaran la noche en su local, un espacio de titularidad municipal habilitado únicamente para actividades culturales, sociales y administrativas, nunca para alojamiento.
El concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, fue contundente al explicar que los malienses no son personas sin hogar y que, por tanto, no corresponde al Consistorio su atención directa. El edil recordó que tanto el Gobierno vasco como el central disponen en este momento de plazas libres para solicitantes de protección internacional, algunas de ellas en localidades guipuzcoanas como Oñati, Tolosa y Berriz. «Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es sustituir al Estado», afirmó Royero, que también reclamó un esfuerzo de concienciación para orientar a estos jóvenes hacia esos recursos disponibles.
Desde la oposición, las críticas fueron directas. Alberto Porras, de EH Bildu, acusó a las instituciones de pelearse por las competencias mientras los malienses siguen en la calle. Garbiñe Ruiz, de Elkarrekin Podemos, advirtió que prohibir el uso del local vecinal no resuelve nada, porque las personas siguen estando en la ciudad en una situación de extrema vulnerabilidad.
El debate deja al descubierto una realidad incómoda: mientras las administraciones se señalan mutuamente, son los templos y los vecinos quienes sostienen la respuesta humanitaria sobre el terreno.
