La Policía Nacional ha desmantelado en Sevilla una organización criminal que se dedicaba a fabricar matrimonios y parejas de hecho inexistentes para obtener tarjetas de residencia de forma fraudulenta. La operación, conocida como Boni, ha concluido con 24 detenidos, entre ellos un abogado con despacho en la capital hispalense.

La trama cobraba entre 7.000 y 10.000 euros a ciudadanos extranjeros, principalmente de origen marroquí, a cambio de regularizar su situación administrativa en España mediante documentación falsa. Los investigadores detectaron desde el principio posibles delitos de favorecimiento a la inmigración irregular y falsedad documental.
Dos figuras centrales han centrado el foco de la investigación desde el inicio: el abogado implicado y la considerada jefa de la organización, a quien los agentes atribuyen las labores de captación, coordinación y control de toda la red.
Para dar apariencia de legitimidad a los falsos vínculos matrimoniales, la organización falsificaba contratos de arrendamiento, facturas y reservas hoteleras, entre otros documentos. El objetivo era acreditar una convivencia que nunca existió, en muchos casos entre personas que ni siquiera se conocían entre sí.
Los informes periciales caligráficos realizados durante la investigación revelaron un dato clave: gran parte de esa documentación había sido elaborada por una misma persona, lo que apuntaba a una producción sistemática y centralizada de papeles falsos destinados a expedientes administrativos.
El análisis del material intervenido permitió a los agentes confirmar los indicios de fraude y tirar del hilo hasta llegar a toda la estructura de la red. Los documentos dejaban en evidencia el intento de acreditar relaciones de convivencia que no existían en ningún caso.
La investigación ha puesto sobre la mesa la sofisticación con la que operaba este grupo, que contaba con la colaboración de un profesional del derecho para dar cobertura legal a los trámites fraudulentos. Su implicación añade una capa adicional de gravedad al caso, dado el papel de confianza que ocupa un abogado en los procedimientos administrativos.
Por el momento, 24 personas han sido detenidas como resultado de la operación, aunque las investigaciones continúan abiertas y no se descarta que el número de implicados pueda aumentar en los próximos días.
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