El futuro de la primera norma autonómica para regular la vivienda en Cantabria pende de un hilo. El desacuerdo entre el Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria sobre quién puede construir en suelo rústico ha convertido un asunto urbanístico en la mayor amenaza para una ley que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga considera una prioridad de legislatura.
El origen del conflicto se remonta a uno de los primeros acuerdos entre ambos partidos al inicio de la legislatura: una modificación de la Ley del Suelo, aprobada en 2024, para facilitar la construcción de viviendas unifamiliares en terrenos rústicos. La intención declarada era favorecer el asentamiento de personas en el medio rural. Sin embargo, los regionalistas denuncian ahora que la Consejería de Fomento ha desvirtuado aquel espíritu, abriendo la puerta a que una parte significativa de los expedientes tramitados por la Crotu acaben siendo segundas residencias o alojamientos turísticos.
Ante esta situación, el PRC ha marcado una línea roja: si la Ley de Vivienda no restringe la construcción en rústico a viviendas de primera residencia, votará en contra. La propuesta, presentada esta semana por la diputada Paula Fernández, plantea que las nuevas casas autorizadas en estos terrenos queden calificadas expresamente como residencia habitual. En caso contrario, el expediente sería denegado. Además, si el propietario quisiera vender en el futuro, solo podría hacerlo a quien se comprometiera a residir allí de forma permanente.
El PP, por su parte, se niega a negociar cualquier cambio en este punto. Y ahí está el problema.
Porque si a ese bloqueo se suma que tanto el PSOE como Vox ya presentaron en su momento enmiendas a la totalidad de la ley, aunque por razones muy distintas, el margen para que la norma salga adelante se estrecha de forma preocupante.
Los regionalistas llevan además otras enmiendas al debate. Una de ellas busca incentivar con ayudas económicas que los propietarios de viviendas turísticas las cedan voluntariamente al Gobierno para destinarlas al alquiler. Otra propone que las promociones privadas reserven la mitad de los pisos a precio tasado, destinados a familias con ingresos que no pueden acceder al mercado libre, con compensaciones económicas para los constructores.
Lo que empezó como un proyecto para ordenar el acceso a la vivienda en Cantabria se ha convertido en un pulso político que, de no resolverse, podría dejar a la comunidad sin su primera ley de vivienda propia.
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