La Dirección General de Consumo del Principado de Asturias ha admitido la personación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el expediente abierto contra Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista AP-66, conocida como la autopista del Huerna.
El expediente se inició por las deficiencias que los usuarios han sufrido en este servicio a raíz de las obras ejecutadas en la vía, a pesar de lo cual el peaje se ha seguido cobrando en su totalidad.
El director general de Consumo, Faustino Zapico, no ocultó su malestar ante la decisión del ministerio y calificó la situación de sorprendente. Según sus palabras, la personación del organismo estatal coloca al ministerio al lado de la concesionaria en lugar de defender los derechos de la ciudadanía asturiana, que depende de esta infraestructura como principal vía de conexión con la meseta.
«Nos parece sorprendente que Transportes se persone para hacer un poquitín de primo de zumosol de una empresa que está incumpliendo con sus obligaciones», señaló Zapico sin rodeos.
A pesar de la crítica, el responsable de Consumo aclaró que la admisión del ministerio como parte en el procedimiento responde a criterios de garantía jurídica y que no se va a impedir su participación. «Si el ministerio se quiere personar y quiere aportar información para exculpar a la empresa de sus responsabilidades, nosotros no vamos a negarnos», afirmó.
🍢Vota tu pincho favorito de los Chiringuitos de San Mateo37 casetas · Top 10 en directo · raciones, bocadillos y sidra al precio de cada casetaEn marchaEsta nueva circunstancia llega en un momento en que la Dirección General de Consumo está ultimando su respuesta a las alegaciones que Aucalsa presentó semanas atrás en el marco del mismo procedimiento administrativo.
El caso pone el foco una vez más sobre una de las infraestructuras más importantes y polémicas de Asturias. Los conductores que utilizan a diario el Huerna llevan meses reclamando una reducción o devolución del peaje ante las molestias y restricciones derivadas de los trabajos en la autopista.
La postura del Gobierno central genera ahora un nuevo frente de tensión con la administración regional, que ve en esta intervención una señal de que el Estado prima los intereses de la concesionaria sobre los de los ciudadanos asturianos.
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