El sueño del Distrito Aeroespacial de Sevilla tropieza con un muro administrativo. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lleva casi dos años sin emitir el informe ambiental que necesita la promotora Vía Ágora para arrancar las obras de las primeras 3.000 viviendas en los suelos de Santa Bárbara, en el noreste de la ciudad.
El bloqueo tiene nombre propio: la Laguna del Sapo. Grupos ecologistas han denunciado que este espacio acuático, situado junto a los terrenos donde se levantará el distrito, merece protección como humedal natural. El Ayuntamiento de Sevilla, sin embargo, sostiene una versión radicalmente distinta: ese espacio no pertenece al Sector 1, que es donde se construirá en primer lugar, y además no sería un humedal originario, sino una balsa artificial generada por antiguos movimientos de tierra.
Para intentar desatascar la situación, el alcalde José Luis Sanz se comprometió públicamente a integrar esa lámina de agua como dominio público hidráulico y a preservarla dentro del proyecto. Un gesto que, a día de hoy, no ha movido ni un papel en la Confederación Hidrográfica.
El silencio del organismo estatal resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta el recorrido del proyecto. El desarrollo de estos suelos lleva previsto en el Plan General desde 2006. En los últimos años, el resto de administraciones implicadas han dado sus avales uno a uno. La reparcelación de terrenos está completada y la junta de compensación ya está constituida. Todo preparado, pero sin poder avanzar.
Sin el visto bueno de la Confederación no hay Declaración de Impacto Ambiental, y sin esa declaración no hay licencia de obras. La paralización amenaza con ahuyentar la inversión privada en uno de los enclaves más estratégicos de Sevilla, que aspira a convertirse en un polo aeronáutico al estilo de Toulouse o Hamburgo, con un total de 24.000 viviendas entre los sectores de Santa Bárbara, San Nicolás y parcelas colindantes.
El daño no se limita a los bloques de pisos. La SE-35, la futura autovía municipal diseñada para vertebrar todo el noreste y aliviar la presión del tráfico en esa zona, también permanece congelada a la espera de que se resuelva este nudo burocrático.
Sevilla lleva décadas esperando este desarrollo. Que un organismo dependiente del Gobierno central lo tenga encajonado en un cajón, sin respuesta ni plazos, es una de las principales preocupaciones tanto del Consistorio como de los inversores privados que apostaron por este proyecto.
