La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación de gran calado en la comarca toledana de La Sagra que ha dejado al descubierto 26 infracciones administrativas y ha permitido recuperar 37 kilos de cable de cobre procedente de un robo.
La actuación, enmarcada en la denominada Operación CERES 2.0, consistió en inspecciones simultáneas sobre doce establecimientos dedicados a la compra y tratamiento de metales y residuos. El dispositivo fue coordinado por la Comandancia de Toledo con la participación de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Toledo.
El objetivo era comprobar que estos negocios cumplen con la normativa vigente y detectar posibles actividades ilícitas relacionadas con la gestión de residuos, el medio ambiente y las condiciones laborales.
De las 26 infracciones detectadas, 17 son de carácter medioambiental, lo que pone de manifiesto el elevado nivel de incumplimiento normativo en este tipo de establecimientos. Otras cinco infracciones corresponden a la Ley de Seguridad Vial, tres a normativa laboral y una a la legislación de protección de datos.
Durante los registros, los agentes incautaron 37 kilos de cable de cobre cuyo origen resultó ser un robo, tras las comprobaciones realizadas por los investigadores. El hallazgo confirma las sospechas que motivan este tipo de operaciones: que algunas chatarrerías pueden convertirse en punto de destino de materiales sustraídos.
En uno de los locales inspeccionados también aparecieron varios motores y cajas de cambios de procedencia dudosa. Para determinar su origen, la Guardia Civil llevó a cabo un análisis en coordinación con el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico central, aunque los resultados aún están pendientes.
La Operación CERES 2.0 no es una acción aislada, sino que forma parte de un plan continuo de la Comandancia de Toledo para vigilar el sector del metal y los residuos en la provincia, un ámbito que históricamente ha sido susceptible de albergar irregularidades tanto medioambientales como relacionadas con el comercio de bienes robados.
Con este dispositivo, las fuerzas de seguridad envían un mensaje claro a los establecimientos de la comarca: el cumplimiento de la ley será exigido y la tolerancia frente al material de procedencia ilícita, nula.
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