El arranque del curso escolar en Álava ha vuelto a dejar a varios alumnos con necesidades educativas especiales sin el servicio de transporte adaptado al que tienen derecho. La falta de monitores de apoyo, atribuida a la ausencia de licitaciones por parte del Departamento de Educación del Gobierno vasco, obliga a algunas familias a asumir por su cuenta los desplazamientos al colegio.
Uno de los casos es el de Hugo, un niño con síndrome de down que vive en Alegría-Dulantzi y que este curso se incorpora al IES Ekialdea de Vitoria. Sus padres, Iván y Rakel, tramitaron la solicitud de transporte escolar en junio, más de dos meses antes de que empezaran las clases. Al llegar el primer día, el menor no constaba entre los alumnos registrados como solicitantes. Desde el centro indicaron que la causa era la ausencia de monitores de apoyo por falta de licitaciones de Educación.
La familia cubre ahora hasta ocho viajes diarios en el bus urbano mientras Hugo observa cómo sus compañeros acceden al transporte escolar. Sus padres relatan que el niño pregunta por qué no puede subir al bus con ellos y por qué tiene que esperar. Ya vivieron algo similar hace tres años en el anterior centro del menor.
Según la asociación Lagundu Euskadi, el problema va más allá de casos aislados en Álava y afecta a varios municipios de la comunidad. Su portavoz, Raquel García, atribuye la dificultad para cubrir las plazas de monitor a las condiciones laborales del puesto. Las contrataciones a través de empresas subcontratadas por el Gobierno vasco ofrecen sueldos de entre 120 y 150 euros mensuales por jornadas partidas que exigen disponibilidad de mañana y tarde, unos «horarios que te parten el día y los sueldos, un insulto», según la asociación. Se suman las complicaciones de desplazamiento en rutas interurbanas hacia localidades como Alegría o Izarra, donde los monitores a menudo no tienen medios para regresar a su origen.
Lagundu Euskadi recuerda que hasta el curso 2018-19 esta labor correspondía a los Auxiliares de Educación Especial, que la realizaban dentro de su propia jornada lectiva. La posterior externalización a empresas privadas fragmentó el servicio y derivó, según la entidad, en una situación de «extrema gravedad fruto de una improvisación constante» por parte de Educación. Muchas familias, advierten, no tienen el tiempo ni los recursos económicos para asumir los traslados por su cuenta.
La situación de Hugo y de otros alumnos afectados continúa sin resolverse mientras el curso sigue su marcha.
Con información de El Correo Alava.
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