El Grupo Popular del Consell Insular de Menorca ha puesto sobre la mesa esta semana una cuestión que, según los populares, el Gobierno central ignoró antes de aprobar la regularización extraordinaria de inmigrantes: quién paga las consecuencias en un territorio insular ya bajo mínimos en vivienda, agua y servicios públicos.
La iniciativa, defendida en el pleno del Consell celebrado este lunes, pide formalmente al Ejecutivo de Pedro Sánchez que elabore con urgencia un estudio de impacto sobre la medida y que ponga en marcha un plan extraordinario de financiación para compensar los costes adicionales que tendrán que asumir las administraciones locales y autonómicas.
El detonante de la propuesta son los propios números. Según el PP, frente a las aproximadamente 700 solicitudes de regularización que el PSOE insular habría estimado para Menorca, la cifra final alcanzó las 2.005. Una diferencia que, a juicio de los populares, refleja la falta de planificación con la que el Gobierno abordó una decisión de gran calado.
El portavoz popular en el Consell, Joan Pons Torres, no escatimó en críticas al Ejecutivo central. Afirmó que se ha «improvisado con una decisión de enorme trascendencia» y advirtió de que las islas no pueden absorber de forma indefinida presiones sobre recursos ya tensionados sin recibir respaldo económico ni planificación previa.
Pons Torres defendió una política migratoria «legal y ordenada», adaptada a la capacidad real de acogida de Menorca, y cargó contra la incoherencia de aprobar una regularización masiva mientras persisten los problemas de acceso a la vivienda, escasez hídrica y saturación de servicios en la isla.
La propuesta de acuerdo del PP solicita que ese estudio abarque ámbitos tan distintos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, el consumo de agua, las infraestructuras y la movilidad, sectores que ya acusan la presión del turismo y el crecimiento poblacional en temporada alta.
La medida llega en un momento en que Menorca, como otros territorios insulares, debate sin descanso cómo conciliar la acogida de personas con la sostenibilidad de sus recursos. El PP considera que ese debate no puede recaer solo sobre los ayuntamientos y los consells, y que el Gobierno debe asumir su parte de la responsabilidad, también la económica.