Las familias de cerca de 400 niños escolarizados en las escuelas infantiles municipales de Toledo afrontan el inicio del nuevo curso con una incógnita mayor de lo habitual: el Ayuntamiento todavía no sabe quién se encargará de gestionar estos centros cuando llegue septiembre.
La situación tiene su origen en una licitación paralizada por un recurso administrativo. La empresa que lleva años al frente del servicio, La Casita de Chocolate, impugnó los pliegos del segundo concurso convocado este año, lo que provocó la suspensión cautelar del procedimiento por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. El organismo dispone de hasta tres meses para resolver, un plazo que desborda con creces el inicio del curso.
El camino hasta aquí no ha sido sencillo. En abril se publicó una primera licitación que tuvo que ser retirada al detectarse un error en el cálculo de los costes salariales, sin contemplar las subidas previstas en el convenio colectivo. En mayo se relanzó el proceso con un presupuesto corregido, que pasó de algo menos de cuatro millones a más de 4,3 millones de euros. Fue entonces cuando llegó el recurso que ha dejado todo en suspenso.
El alcalde, Carlos Velázquez, intentó calmar los ánimos este miércoles asegurando que el servicio arrancará en septiembre y que el Consistorio cuenta con «todas las herramientas» para garantizarlo, subrayando que los procesos de admisión y asignación de plazas ya están resueltos.
El portavoz del Gobierno local, Juan José Alcalde, fue más concreto sobre las opciones sobre la mesa. La preferida pasa por llegar a un acuerdo con La Casita de Chocolate para que la empresa siga al frente mientras el Tribunal resuelve el recurso que ella misma interpuso. Un escenario que, reconoció, no está garantizado.
Si la empresa rechaza esa fórmula, el Ayuntamiento se plantea asumir la gestión directa del servicio, subrogando a las trabajadoras. Una posibilidad que el propio portavoz calificó de poco deseable, recordando además que la educación infantil de primer ciclo no es una competencia municipal obligatoria.
Mientras tanto, las educadoras de estos centros llevan semanas exigiendo respuestas. Ya protagonizaron una huelga histórica reclamando ser reconocidas como docentes y no como simples cuidadoras, y la incertidumbre sobre el futuro del servicio no hace sino alimentar su malestar.
En la Junta de Gobierno Local del miércoles se aprobaron los cánones correspondientes a tres cursos académicos que el Ayuntamiento debe abonar a La Casita de Chocolate, por un importe que supera los 18.300 euros, lo que evidencia que la relación contractual entre ambas partes sigue viva, al menos por ahora.
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