El juzgado de instrucción de Alcalá de Henares ha dado un paso decisivo en el caso que salpica a la regidora del municipio, Judith Piquet. El juez ha propuesto abrir juicio oral contra ella por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.
El origen del caso se remonta a enero de 2024, cuando Piquet realizó varias declaraciones públicas en las que aseguró que existían dos denuncias por agresión sexual sin autor conocido, señalando en sus palabras que el responsable era «un varón negro y joven». Estas intervenciones se produjeron en un momento de máxima tensión en la ciudad, tras los graves altercados registrados en el acuartelamiento Primo de Rivera, donde el Ejecutivo central había trasladado a migrantes procedentes de Canarias.
Según el auto judicial, la alcaldesa habría remitido, entre la tarde del 17 de enero y la mañana del 18 de enero de 2024, la fotografía de un informe policial al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien la publicó en su cuenta de la red social X. La difusión de ese documento desencadenó la investigación que ahora desemboca en la propuesta de juicio.
El juzgado ha acordado continuar las diligencias previas por los trámites de procedimiento abreviado, lo que supone un avance formal en el proceso penal. La acusación popular en el procedimiento la ejerce el PSOE.
Desde las filas socialistas, el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Alcalá, Javier Rodríguez, no ha tardado en reaccionar con dureza. Ha calificado la situación de «auténtica vergüenza» y ha reclamado la dimisión de Piquet, al tiempo que ha exigido explicaciones a Alfonso Serrano por lo que ha denominado un «bulo xenófobo». «Todo esto se hizo para salvar a la presidenta», afirmó Rodríguez, en referencia a Isabel Díaz Ayuso, quien también acudió al municipio aquellos días para arropar a la alcaldesa.
El caso lleva meses generando controversia en Alcalá y ha trascendido el ámbito local, con alcaldes del PSOE pidiendo incluso la renuncia de Piquet a la presidencia de la Federación Madrileña de Municipios por considerar que deteriora el prestigio de la institución.
La alcaldesa, por su parte, ha mantenido que dio las explicaciones pertinentes en su momento. Ahora será la Justicia quien determine si los hechos investigados constituyen delito.
