La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, eligió el arranque del curso político para elevar la presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y reclamar luz verde al Proyecto Altamira, el macrocomplejo de centros de datos que la empresa Stoneshield quiere levantar en los municipios de Piélagos y Villaescusa con una inversión de cerca de 3.600 millones de euros.
Buruaga aprovechó la clausura del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, celebrada en el Paraninfo de la UIMP en Santander, para presentar un estudio de la Universidad de Cantabria que cifra el impacto de este proyecto en un incremento del PIB regional del 0,66% anual, un efecto económico comparable al que genera hoy el aeropuerto Seve Ballesteros.
Con la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, y el vicepresidente económico del Gobierno, Carlos Cuerpo, entre el público, la presidenta regional no dudó en dirigirse directamente a ellos para pedirles implicación personal en el asunto.
El nudo central del conflicto está en el Ministerio para la Transición Ecológica, que debe incluir en su nueva Planificación de la Red Eléctrica de Transporte 2025-2030 la ampliación de la subestación de Penagos y el acceso eléctrico para el proyecto. El campus tecnológico necesita 500 megavatios para operar, lo que equivale a la producción de cuatro parques eólicos como El Escudo o al consumo de 400.000 hogares.
Buruaga aclaró que no pide trato de favor. Lo que exige es que el Estado analice con criterios objetivos todas las propuestas de centros de datos en España y apoye las más competitivas. «Sabemos que hay que competir. No nos importa hacerlo porque estamos en condiciones», afirmó con contundencia.
Entre los argumentos que respaldan la candidatura cántabra, la presidenta volvió a destacar la presencia en este territorio de los cables submarinos de Meta y Google, una ventaja estratégica difícil de igualar.
Carlos Cuerpo, que intervino en el acto tras Buruaga, no hizo ninguna referencia pública a la petición de la presidenta autonómica, dejando la respuesta del Gobierno central en el aire.
El pulso entre Santander y Madrid por el futuro del Proyecto Altamira seguirá siendo uno de los grandes temas del otoño político en Cantabria.
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