El municipio de Camargo lleva más de una década esperando renovar su servicio de limpieza viaria. Ahora, cuando parecía que el cambio estaba a punto de hacerse realidad, dos nuevos recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales vuelven a frenar el proceso.
El Ayuntamiento adjudicó el pasado 9 de julio el contrato a la empresa Talher S.A. por un valor de 9,7 millones de euros con IVA para los próximos cinco años. Sin embargo, las impugnaciones presentadas «hace muy poco», según informa el propio Consistorio, impiden que la nueva empresa tome el relevo de Sintrasa, la compañía que actualmente gestiona el servicio.
Mientras el tribunal resuelve las dos reclamaciones, todo permanece como estaba. Sintrasa continuará al frente de la limpieza de las calles de Camargo, y el Ayuntamiento asegura que ya ha completado todos los trámites que le correspondían y que está listo para activar el nuevo contrato en cuanto haya resolución.
El alcalde Diego Movellán no oculta su preocupación. Reconoce que «la limpieza es una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos» y que el equipo de gobierno es «el primero que quiere que el nuevo servicio comience cuanto antes».
No es la primera vez que este proceso se ve paralizado. En noviembre de 2025, Sintrasa ya recurrió los pliegos del contrato alegando que favorecían a las grandes empresas y perjudicaban la participación de las pymes. El tribunal desestimó aquel recurso a finales de enero de este año, lo que permitió retomar la tramitación. Otros dos recursos adicionales presentados durante el proceso corrieron la misma suerte y también fueron rechazados.
La renovación del contrato implicaba además una ampliación significativa de los medios destinados al servicio, con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales de un municipio en crecimiento. Pero esa mejora también queda en suspenso hasta que la situación legal se despeje.
El Consistorio ha requerido en varias ocasiones a Sintrasa que cumpla con sus obligaciones contractuales mientras siga siendo la responsable del servicio. Una relación que se prolonga más de lo previsto, y que el Ayuntamiento espera cerrar en cuanto los tribunales den su última palabra.
Un contrato que lleva sin renovarse desde 2015 y que, once años después, sigue sin cruzar la línea de llegada.
