Han pasado cinco meses desde que la pasarela de El Bocal, en la senda costera de Santander, se derrumbó llevándose la vida de seis jóvenes. La instrucción judicial está a punto de cerrarse, pero las familias y la ciudadanía siguen sin ver el final del camino hacia la verdad.
La zona sigue clausurada con vallas. Quien pasa por allí, camino del Faro de Cabo Mayor o de la Virgen del Mar, se detiene, mira y recuerda. Así lo hacían esta semana tres senderistas de Castro y Sestao que hicieron una parada junto a los restos de la vieja cabaña, a espaldas del lugar donde todo ocurrió. Para ellos, el diagnóstico es claro: mal diseño, falta de mantenimiento y un cruce de reproches entre administraciones que no ha llevado a ningún lado.
La magistrada Rosa Martínez ha ampliado a siete el número de investigados. El último en sumarse ha sido el representante de la empresa contratista Dragados, José Emilio Pérez, al que en un primer momento se citó solo como testigo. Junto a él figuran tres funcionarios de Costas, entre ellos el jefe de la Demarcación, el autor del diseño de la pasarela, la gestora del 112 que recibió el aviso de un vecino alertando del peligro días antes del derrumbe y la agente de la Policía Local que no tomó medidas para precintar la estructura.
La jueza considera que la pasarela colapsó porque no cumplía el requisito fundamental de robustez y porque nadie la mantuvo en condiciones. En cuanto a la responsabilidad institucional, la magistrada apunta a Costas al entender que la obra nunca fue finalizada ni recepcionada formalmente por el Ayuntamiento de Santander. Sin embargo, la Audiencia Provincial tiene pendiente de resolver varios recursos de apelación, entre ellos el de la propia Demarcación de Costas, que piden que se investigue también el papel del consistorio.
El proceso penal no puede darse por cerrado todavía. La única superviviente, la joven alavesa Ainara Rodríguez, de 19 años, continúa su recuperación física y psicológica. La jueza necesita conocer con exactitud sus secuelas antes de concretar los cargos definitivos, que podrían ir más allá de seis homicidios por imprudencia grave.
El próximo 25 de septiembre está prevista la declaración del representante de Dragados. Hasta entonces, la instrucción queda en un compás de espera mientras la Audiencia resuelve.
Cinco meses después, la pasarela sigue clausurada. Y las preguntas de las familias, sin respuesta.
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