El Ayuntamiento de Ciutadella tiene previsto aprobar inicialmente antes de que acabe 2026 una ordenanza del agua orientada a frenar el consumo excesivo en el municipio. La norma nace de la urgencia: los acuíferos de Menorca llevan cinco años superando su capacidad de carga y la situación no da margen para esperar.
Así quedó de manifiesto en las primeras reuniones de la Comisión de seguimiento del Plan de Gestión Sostenible del Agua y de la comisión del Pla de Sequía, en las que participaron representantes políticos, técnicos, empresas suministradoras y entidades como Ashome, CAEB, PIME y el GOB.
Uno de los datos más llamativos que salió a la luz en estos encuentros es que solo el 2,5 por ciento de los abonados de Ciutadella consume el 50 por ciento del agua del municipio. Además, el consumo total de la ciudad dobla al de Maó, lo que sitúa a Ciutadella en el punto de mira del debate sobre la gestión hídrica en la isla.
El coordinador territorial del GOB, Miquel Camps, recordó que el propio Plan de Gestión aprobado a finales de junio de 2025 obligaba a publicar esta ordenanza de ahorro durante su primer año de vigencia. La alcaldesa confirmó que el objetivo es aprobarla antes de diciembre y convocar de nuevo a todos los actores implicados para recoger sus valoraciones.
La ordenanza pondrá el acento en tres grandes ámbitos de consumo. El primero son las pérdidas en la red de distribución, que aunque han bajado del 23 al 21 por ciento entre 2024 y 2025, siguen siendo elevadas. Camps reclama un plan continuo de revisión que cuente con el respaldo de otras administraciones.
El segundo foco son los hoteles y grandes establecimientos turísticos, cuyos representantes se han comprometido a seguir aplicando planes de gestión sostenible, si bien advierten de la carga que supone cumplir con múltiples normativas a la vez.
El tercer punto son las grandes fincas de regadío. Camps puso como ejemplo de derroche que algunas de ellas riegan en pleno agosto al mediodía, la franja horaria de mayor evaporación y menor eficiencia.
Con todos estos elementos sobre la mesa, Ciutadella afronta el reto de convertir un diagnóstico ampliamente conocido en medidas concretas y con respaldo legal antes de que acabe el año.
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