El equipo de gobierno de Vitoria ha decidido no aplicar nuevas restricciones de tráfico en el centro de la ciudad a partir del próximo 15 de septiembre. Los conductores que no vivan en la zona de bajas emisiones podrán seguir accediendo a ella como hasta ahora, siempre que cumplan con los requisitos ambientales vigentes.
La medida descartada era el llamado área de prioridad residencial, un sistema que habría limitado el acceso al corazón de la ciudad casi exclusivamente a quienes viven, trabajan o tienen actividad comercial dentro del perímetro restringido. El Ayuntamiento ha concluido, tras un análisis técnico exhaustivo, que aplicarla resultaría «excesivamente compleja» para un beneficio muy reducido.
Y es que los datos hablan por sí solos. Cada día acceden a la zona alrededor de 5.000 vehículos, la gran mayoría pertenecientes a residentes o vinculados al reparto y a la hostelería. El porcentaje de coches ajenos a esos perfiles es, según los servicios técnicos municipales, marginal.
La decisión rompe además el acuerdo alcanzado en marzo del año pasado con EH Bildu. La formación soberanista había apoyado con su abstención la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones, obligada por normativa europea, a cambio de que en septiembre de este año se endurecieran las condiciones de acceso al centro. Ese pacto queda ahora sin efecto.
Desde el Departamento de Espacio Público, que dirige Beatriz Artolazabal, reconocen que las dudas fueron creciendo a lo largo de los últimos meses. La preocupación se centraba en la gestión administrativa, los sistemas de control y, sobre todo, en la dificultad para que la ciudadanía comprendiera una segunda capa de regulación cuando la primera aún no había cumplido ni un año en marcha.
Antes de tomar la decisión definitiva, el Ayuntamiento abrió un proceso de consulta con comerciantes, hosteleros, gremios y asociaciones empresariales. Sus dudas coincidieron con las que ya manejaban los técnicos municipales, lo que reforzó la conclusión del informe encargado específicamente para evaluar la medida.
«Cuando el coste de una medida es mayor que su utilidad, lo responsable es revisar el planteamiento inicial», ha señalado Artolazabal, quien avanza que se modificará la ordenanza para eliminar definitivamente la regulación que nunca llegará a aplicarse.
La zona de bajas emisiones, que abarca un espacio con unos 16.000 residentes en su interior, continuará funcionando bajo los parámetros actuales mientras el Ayuntamiento evalúa su ampliación prevista para el próximo año.
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