Casi doscientas alertas ciudadanas han llegado al Consell Insular de Menorca desde 2023 señalando posibles casos de alquiler turístico irregular en viviendas de la isla. Sin embargo, los datos revelan que más de la mitad de esas acusaciones no han llegado a ningún puerto: han sido archivadas.
El balance de tres años y medio de denuncias, puesto en conocimiento público a través de preguntas escritas formuladas por Més per Menorca al departamento de Ordenación Territorial y Turística, deja un panorama cuando menos llamativo. De los 193 chivatazos contabilizados entre 2023 y el primer semestre de 2026, muchos tuvieron que ser descartados por duplicidades, falta de información o por referirse a otro tipo de oferta como embarcaciones, autocaravanas o campings. La cifra depurada quedó en 143 denuncias válidas sobre viviendas.
De esas 143, un total de 68 fueron archivadas sin que los inspectores llegaran a moverse. El 48 por ciento, casi la mitad, cerradas en cajón antes de poner un pie en ningún domicilio.
La habilitación en febrero de 2024 de un canal telemático específico para este tipo de denuncias disparó la participación ciudadana. Casi el 90 por ciento de los avisos llegaron por esa vía, lo que demuestra que el vecindario responde cuando se le dan herramientas accesibles. El problema es que muchas de esas alertas, según reconoce el propio Consell, resultan ser falsas o carecer de fundamento suficiente.
El director insular de Ordenación Turística, Jaume Fedelich, ha querido aclarar que la inspección trabaja fundamentalmente de oficio, y que los chivatazos ciudadanos representan solo una parte menor de su actividad total. Aun así, los números hablan.
De los 75 casos que sí movilizaron a los inspectores, los resultados varían según el año. En 2023 los seis expedientes iniciados por denuncias derivaron todos en sanciones por infracciones muy graves, castigadas entonces con un mínimo de 40.001 euros. En 2024 el rendimiento cayó: de 38 actuaciones, solo 15 terminaron en expediente sancionador.
Los casos de 2025 y 2026, un total de 29, siguen en su mayoría pendientes de resolución. Solo dos cuentan ya con propuesta de inicio de expediente.
La lucha contra el alquiler ilegal en Menorca avanza, pero con pasos desiguales. La ciudadanía denuncia, la administración filtra, y al final muchos casos se diluyen. El reto está en afinar ese embudo para que las denuncias fundadas no se pierdan por el camino.
