El departamento de Ordenación Turística del Consell de Menorca presume de un historial judicial casi impecable en la persecución del alquiler vacacional irregular. Desde que la isla asumió la competencia para controlar la oferta ilegal, hace tres décadas, solo ha perdido un recurso interpuesto por infractores sancionados. Una cifra que habla por sí sola de la solidez de sus procedimientos.
El director insular Jaume Fedelich explicó esta semana que muchos propietarios multados optan por agotar todas las vías legales disponibles antes de pagar, lo que provoca que los ingresos reales no reflejen el total de las sanciones impuestas. Solo en 2025, el último ejercicio cerrado, se aplicaron multas por un valor cercano a los 900.000 euros, pero el dinero efectivamente ingresado apenas superó los 200.000.
Pese a esa brecha, la institución insular no ve motivos de alarma. Desde 2023, el montante acumulado de sanciones ya supera los cuatro millones de euros, una cifra que previsiblemente se irá cobrando de forma progresiva en los próximos años conforme se resuelvan los recursos pendientes.
Para hacer frente al volumen creciente de expedientes, el Consell ha reforzado su plantilla de inspectores. Cuando el equipo actual tomó el relevo del anterior gobierno, el departamento contaba con siete inspectores, aunque dos plazas estaban sin cubrir. Hoy todas están ocupadas y ya se ha ordenado la incorporación de otros cuatro efectivos más, financiados con fondos procedentes de la ecotasa, aunque su activación está aún pendiente.
Otra novedad destacada es la incorporación por primera vez de dos asesores jurídicos especializados. En breve, ambos profesionales podrán instruir directamente los expedientes sancionadores, lo que agilizará los tiempos y reforzará aún más la solidez legal de cada procedimiento.
El mensaje desde Ordenación Turística es claro: quien incumple la normativa, acaba pagando. Los recursos de los infractores pueden retrasar el cobro, pero rara vez logran revertir las sanciones. Con una tasa de éxito judicial que roza el cien por cien durante treinta años, el Consell de Menorca se presenta ante propietarios ilegales y ciudadanía como una administración que no cede terreno cuando se trata de defender las reglas del juego turístico en la isla.
