El Consell de Menorca ha dado un avance significativo en su objetivo de proteger la modalidad lingüística propia de la isla. La institución ha encargado la elaboración de un informe filológico y unas fichas técnicas necesarias para declarar el menorquín y el uso del artículo salat como Bien de Interés Cultural Inmaterial (BICIM).
La tarea ha recaído en Sili Pons Sabater, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Ciutadella entre 2011 y 2015, y reconocida conocedora de la lengua y la cultura popular menorquina. El encargo, formalizado por la Conselleria de Cultura por un máximo de 15.000 euros, ya ha sido entregado este pasado mes de julio, con una factura presentada de 8.175 euros a razón de 25 euros la hora.
El director insular Jaume Reurer ha defendido la elección de Pons Sabater como la persona más idónea para el trabajo, destacando su formación académica y su conocimiento del patrimonio cultural de la isla. Para Reurer, la lengua no debe ser motivo de conflicto, sino un patrimonio más a proteger y preservar.
El impulso de esta iniciativa responde a una promesa que el conseller Joan Pons Torres hizo pública a principios de 2024. En aquel momento, el conseller subrayó que los jóvenes están cada vez más influenciados por el catalán central, alejándose de formas propias como el uso de ‘jo som’ frente al estándar ‘jo soc’, y remarcó que el Estatut obliga a proteger las modalidades lingüísticas insulares.
Si prospera el expediente, el menorquín y el artículo salat se sumarían a otros elementos que ya cuentan con reconocimiento inmaterial en la isla, como la pedra en sec, la vela latina, la glosa, la jota y el fandango o las rondalles y leyendas populares.
Sin embargo, el proceso no está exento de obstáculos. Para que la declaración sea efectiva, el expediente deberá contar con el visto bueno de los consejos asesores del Patrimonio Cultural Inmaterial de Menorca y Balears, así como del Institut Menorquí d’Estudis.
Además, el grupo político Més per Menorca ha cuestionado el proceso, preguntando públicamente si se acreditó la solvencia técnica de la autora antes de formalizar el contrato, tal como exige la normativa de contratación pública.
La iniciativa llega en un momento de debate sobre la identidad lingüística de la isla, con un nuevo reglamento lingüístico que ya acumula más de 150 alegaciones en contra.
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