La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Consuelo Ordóñez, ha presentado un escrito ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para exigir que se revoque la nueva semilibertad concedida al preso de ETA Juan Ramón Carasatorre, condenado por el asesinato de su hermano, el concejal popular Gregorio Ordóñez, en 1995.
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco volvió a aplicar esta semana a Carasatorre el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una medida excepcional que le permite salir de la cárcel de Zaballa de lunes a viernes para trabajar o hacer voluntariado, regresando solo a dormir.
No es la primera vez. En enero ya le fue concedida esta flexibilización de segundo grado, pero el juez la revocó y la Audiencia Nacional confirmó esa decisión al considerar que no existían las condiciones necesarias. El tribunal exigió además al Gobierno vasco que acreditara cualquier futura propuesta con un programa de tratamiento debidamente estructurado.
Han pasado apenas dos meses desde aquella confirmación y el ejecutivo autonómico ha vuelto a aplicar la misma medida. Ordóñez denuncia en su escrito que la nueva concesión reproduce los mismos defectos que motivaron la anulación anterior y la califica de presuntamente fraudulenta.
Pero lo que más indigna a la presidenta de Covite es la cronología de los hechos. El 16 de julio, Carasatorre salió de prisión para participar en una jornada del programa Construyendo puentes, un espacio donde víctimas y victimarios se reúnen en grupo. Apenas seis días después, el 22 de julio, el Gobierno vasco le premió con la nueva semilibertad.
Esa misma fecha contrasta con otra muy distinta. El 22 de enero, Consuelo Ordóñez había solicitado formalmente un encuentro personal con el preso. Durante meses trabajó con los servicios de Justicia Restaurativa del Gobierno vasco para prepararlo. Carasatorre dejó pasar el plazo sin responder. El expediente tuvo que cerrarse el 30 de mayo.
Mes y medio después de ese cierre, el etarra sí aceptó verse con otras víctimas en el marco del programa colectivo.
Ordóñez subraya que lleva ofreciéndose para participar en estos procesos desde 2022, mientras el preso ha podido elegir con quién reunirse y cuándo. Ante el juez argumenta que esta secuencia de hechos desmonta el arrepentimiento que Carasatorre plasmó en una carta incluida en su expediente.
«Si está tan arrepentido como dice, no sé qué miedo tiene a que nos veamos», afirmó. Y ahora pide al juzgado que lo que el Gobierno vasco ha concedido, la justicia lo vuelva a retirar.