El Principado de Asturias ha vuelto a elevar la voz ante el Ministerio de Transportes por la situación que atraviesa la autopista del Huerna, insistiendo en que el departamento central no solo conoce bien el problema, sino que tiene la obligación de actuar para proteger los derechos de los conductores que utilizan a diario esa vía.

El viceconsejero de Infraestructuras del Principado, Jorge García, realizó estas declaraciones este jueves al ser preguntado por la decisión del Ministerio de personarse en el expediente abierto por el Gobierno regional contra Aucalsa, la concesionaria de la autopista, por los retrasos y las deficiencias que afectan al trazado.
García aclaró que esa personación entra dentro de la normalidad administrativa, ya que el Ministerio es el titular de la vía y está ejecutando parte de las obras en ella. «En ese propio proceso de infracción podría tener él también responsabilidades», señaló el viceconsejero, recordando que las actuaciones en el Huerna son de doble naturaleza: unas las lleva a cabo Aucalsa por un desprendimiento y otras las ejecuta el propio Ministerio para adecuar los túneles a la normativa vigente.
Sin embargo, el Principado deja claro que esa normalidad procesal no puede servir para desviar la atención de lo que realmente está en juego: los derechos de los ciudadanos asturianos. Desde que comenzaron las molestias, el Gobierno regional ha enviado numerosas reclamaciones escritas y oficiales al Ministerio, exigiendo que tome las riendas de la concesión.
La situación en el Huerna es grave. Según describió el propio viceconsejero, más de la mitad del trazado no cumple en la actualidad las condiciones mínimas de seguridad, los tiempos de viaje se han disparado, los vehículos deben circular en sentidos alternos por un único carril y existen limitaciones de velocidad constantes.
Ante este escenario, el Principado reclama que el Ministerio bonificue el cien por cien del peaje desde el primer paso mientras duren estas condiciones, una petición que lleva meses sobre la mesa sin respuesta satisfactoria. Además, la Unión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción relacionado con esta concesión, lo que añade más presión al Gobierno central.
El Gobierno asturiano advierte que seguirá defendiendo a los usuarios de la autopista hasta que se restituyan unas condiciones de circulación dignas y seguras en una de las vías más importantes de la región.
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