El Gobierno central ha dado luz verde al inicio del proceso para retirar el monolito de la plaza Esplanada de Maó, uno de los símbolos del franquismo más visibles de Menorca. La Comisión Técnica de Expertos ha decidido incorporarlo al catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, lo que supone el paso previo e imprescindible para acometer su eliminación.

La noticia fue confirmada el pasado sábado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a través de sus redes sociales, donde aseguró que «memoria es democracia» y subrayó la necesidad de que las generaciones futuras no hereden espacios públicos donde estos vestigios «exaltan todo lo contrario a lo que somos, un pueblo democrático».
El monolito fue levantado en junio de 1939, una vez concluida la Guerra Civil, con el objetivo de ensalzar a los vencedores del conflicto. Para su construcción se utilizó mano de obra de presos republicanos y materiales extraídos de yacimientos arqueológicos de la isla, según han documentado varios expertos a lo largo de los años.
El monumento se encuentra en terreno propiedad del Ministerio de Defensa, lo que durante mucho tiempo complicó cualquier iniciativa para su retirada. A principios de esta década comenzaron a surgir movimientos ciudadanos e institucionales que reclamaban su eliminación, pero el Ejecutivo rechazó entonces actuar al considerar que el monolito no contravenía la legislación vigente.
El escenario ha cambiado radicalmente con la ley de memoria democrática aprobada en 2022 y la posterior creación del catálogo de símbolos franquistas, herramienta diseñada precisamente para identificar y retirar este tipo de elementos del espacio público.
Junto al monolito de Maó, se incorporan al catálogo la pirámide de los italianos en Burgos y un dintel en Baños de Ebro, en Álava. No son los primeros: en marzo ya se incluyó el monumento a las víctimas del Crucero Baleares, en Palma.
La reivindicación en Menorca lleva años activa. En 2021 volvió a cobrar fuerza durante unas jornadas organizadas por el Institut Menorquí d’Estudis, y poco después llegó al Senado, aunque la respuesta gubernamental de aquel momento fue que el monumento cumplía con la normativa entonces vigente.
Ahora, con la inclusión en el catálogo, queda abierto el camino legal para que el monolito sea finalmente retirado de uno de los espacios más concurridos y emblemáticos de la capital menorquina.
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